Preocupante es el balance del año escolar que culminó en Venezuela, especialmente en los estados fronterizos con Colombia. Si alguien lo sabe es el presidente de la Federación Venezolana de Maestros del Táchira, Ildemaro Useche.

Las cifras entregadas por el agremiado sobre este estado que colinda con el Norte de Santander, son alarmantes y reflejan la crisis nacional del sector: durante el año escolar que comenzó en octubre de 2017 y que culminó este mes de julio de 2018, unos 40.000 niños abandonaron las aulas.

No todos migraron definitivamente a Colombia. Según Useche, algunos solamente van a Cúcuta con sus padres a trabajar o a buscar comida para luego regresar a pernoctar en Venezuela, pero igualmente abandonan los salones de clase.

A mediados de este mes, el director de la fundación Redes, Javier Tarazona, denunció ante el Ministerio Público venezolano que mientras en otros estados del país los índices de deserción escolar rondaban el 58%, en los estados fronterizos como Táchira, esta cifra se eleva a 80%.

Según el también profesor universitario, esto estaría siendo aprovechado por los grupos irregulares colombianos para reclutar niños, adolescentes y jóvenes en sus organizaciones.

Pero los niños no son los únicos ausentes en las aulas venezolanas. Aproximadamente la mitad de los 36.000 docentes que había en las 730 instituciones educativas del Táchira -dependientes del Ministerio de Educación, la Gobernación o las alcaldías-, también abandonó las escuelas, sobre todo hacia el final del año escolar. Esto, por supuesto, ha obligado a ejecutar planes de contingencia en las instituciones educativas.

Y es que el sueldo que perciben los docentes que dependen de la Gobernación o de las alcaldías oscila entre los Bs. 2.000.000 y los Bs. 6.500.000, mientras que los que dependen del Ministerio de Educación cobran mensualmente entre Bs. 12.000.000 y los Bs. 35.000.000. En cualquier caso, ninguno podría adquirir la canasta alimentaria, que en el mes de junio superó los Bs. 378.000.000.

“Observamos que la situación económica del país, que es el nudo gordiano de la crisis que estamos viviendo, no mejora y no va a mejorar. No es alentador el panorama que se está planteando a nivel de educación”, acotó Useche, quien consideró además que para el inicio del año escolar 2018-2019 se estarán manejando cifras similares a las expuestas para el más reciente fin de año académico.

“El Estado debería estar tomando previsiones, ellos manejan datos al igual que nosotros, deben estar haciendo lo prudente para que los padres puedan tener la seguridad de que frente a las aulas donde fueron inscritos sus niños van a tener docentes que los van a atender, aunque no saben por cuánto tiempo”, agregó.

Falta de dotación

A igual que en el resto del país, los alumnos del Táchira se enfrentan día a día con el hambre. En palabras del vocero de Redes, aproximadamente el 60% de las instituciones educativas de la entidad no recibe suministros del Sistema de Alimentación Escolar (SAE).

Además, Useche se encargó de denunciar que muchas de las instituciones no han recibido dotación de mesas, sillas o material didáctico, y presentan deficiencias en su infraestructura e iluminación, por “falta de atención por parte del Estado”.

Por si fuera poco, las escuelas se encuentran a merced del hampa por falta de vigilancia, por lo que muchas han sido desvalijadas.

Aunado a esto, los alumnos muchas veces tienen que recibir clases en el marco de las tres horas de corte de luz diarias, que a veces también se repiten en las tardes o en las noches, por lo que además se les dificulta el trabajo en casa.

Tarazona cuantificó el problema. Según él, 93% de los planteles educativos del país no tienen las condiciones mínimas para el desarrollo de la actividad educativa. De ellos, el 77% no tiene acceso a servicios básicos como el agua potable, energía eléctrica o internet.

“Tenemos planteles que en pleno Siglo XXI solo tienen letrinas y paredes de tabla y cartón por parte de un Gobierno al que solo le interesa el armamentismo en todo el país y tener los batallones llenos de Kalashnikov”, sentenció.

Problema nacional

De acuerdo con datos de la Encuesta Condiciones de Vida (Encovi) 2017, realizada por las academias venezolanas el año pasado, 39% de la población venezolana con edades entre los tres y los diecisiete años no estaba asistiendo a las aulas escolares.

Según informó en febrero de 2018 la directora del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Anitza Freites, investigadora del área educativa, entre las causas de estas inasistencias destacaba la falta de alimentos tanto en el hogar como en las escuelas: “Los programas de alimentación escolar no están funcionando”.

De igual forma, Freites destacó que entre las otras causas estaban las deficiencias en los servicios públicos de luz y de agua, las huelgas de profesores y la falta de transporte.

“En ese momento no investigamos sobre la falta de efectivo, pero si levantamos la encuesta en este momento eso también aparecería como otro factor más que impide la asistencia regular (…) El tema del efectivo también está afectando mucho la dinámica educacional”, acotó la académica a la prensa durante la presentación de la Encovi 2017, a principios de año.

A finales de junio, el Colegio de Profesores de Venezuela aseguró que de 860.000 docentes dependientes del Ministerio de Educación, 172.000 (20%) dejaron las aulas porque migraron, pidieron un permiso o no estaban conformes con el sueldo que recibían.

La denominada Unidad Democrática del sector educación, que agrupa a organizaciones del magisterio venezolano, presentó poco después el resultado de un estudio realizado en cinco estados del país para identificar los problemas del sistema educativo venezolano.

El hambre, la deserción, “sueldos miserables”, el déficit de infraestructura escolar y la diáspora de docentes figuran entre los principales problemas detectados por el magisterio, que insiste en decir que el sector atraviesa una emergencia y que en el país se viola el derecho a la educación.