El Gobierno nacional, por medio de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), adelantó una reorganización de los procesos administrativos y jurídicos, lo cual le permitió a la entidad pasar de negar el 65% de las solicitudes de predios despojados o abandonados a aprobar el 73 % de las peticiones presentadas por las víctimas.
Esta transformación llevó a que la entidad entregara en el 2024 más de 70.000 hectáreas de tierra restituidas a víctimas de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, con lo cual se fortaleció el liderazgo del Gobierno para dar cumplimiento a las órdenes en favor de las víctimas del conflicto armado.
Al respecto, el director de la URT, Giovanni Yule, le dijo al programa 'Entrevistas con alma de país', de la Presidencia de la República, que el alto nivel de rechazo de las solicitudes de restitución llegó a preocupar al Ministerio Público.
“Cuando recibimos la URT, la entidad estaba negando el 65 % de las solicitudes y por eso había un llamado de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo. Por eso nos pusimos a revisar y vimos que en realidad había formas, mecanismos de más bien torpedear, negar la posibilidad de que la solicitud pudiera transitar libremente en el ejercicio administrativo para que se pudiera materializar el derecho", recalcó.
Agregó que las transformaciones realizadas han llevado a la materialización de los derechos fundamentales de las víctimas.
“Hemos venido haciendo todos los ejercicios que nos permiten a nosotros hacer las transformaciones y los cambios desde la Unidad para avanzar en la posibilidad de materializar ese derecho que significa restituir, no solamente el espacio físico, la palabra, la historia, todos los derechos fundamentales: restituir la vida espiritual, social y cultural de las familias y de toda la gente que ha sido desafortunadamente despojada en el marco del conflicto y la violencia en nuestro país", agregó.
Asimismo, manifestó que la reorganización de los procesos ha beneficiado a los grupos étnicos afectados por el despojo en el marco del conflicto.
“Estamos tratando de reorganizar para que los procesos, los tiempos y los procedimientos sean mucho más ágiles y rápidos. Hemos logrado establecer un equilibrio entre la ruta individual y la ruta colectiva, incluso ya acabamos de reorganizar un programa que se llama el Proyecto Étnico, que tiene que ver, precisamente, con mirar cómo avanzamos en el tema indígena, en el tema afro, en los temas que tienen que ver con los territorios colectivos, que ha sido el mayor despojo", aseveró Yule.
Acuerdo con los despojadores En el mismo contexto, el director de la URT también explicó que para acelerar los procesos de restitución se han desarrollado acuerdos con los despojadores y sobre el particular trajo a colación un caso en los Montes de María, donde la entidad actuó como mediadora para que cinco familias disfrutaran de sus tierras de manera anticipada a los pronunciamientos de la justicia.
La mediación derivó en que la Fundación Crecer en Paz del Grupo Argos entregara los predios a los solicitantes de restitución en procesos sin sentencia. Las víctimas, según la URT, abandonaron sus tierras en medio de una incursión paramilitar entre los años 1997 y 2005.
“Nosotros acompañamos ese proceso en El Carmen de Bolívar. Pudimos reunirnos con las familias, contentos, alegres, porque nuevamente vuelven a su territorio después de 24 años que se ha producido la masacre del Salado. Ellos volvieron nuevamente a sus predios y ahora con el apoyo de la Fundación Argos van a restituir su vida espiritual, social, cultural y económica", sostuvo Yule.
El siguiente paso para la URT será brindarles todo el apoyo con la institucionalidad para que estas familias tengan acceso a vivienda y a proyectos productivos de manera que puedan restituir su vida.