Un total de 130 países llegaron a un histórico acuerdo de reforma fiscal para las multinacionales que incluye un impuesto mínimo sobre los beneficios de al menos el 15%.
"Tras años de trabajo y negociaciones intensas, este paquete de medidas históricas garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todo el mundo", declaró Mathias Cormann, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Un pequeño grupo de países, entre los que se encuentran Irlanda y Hungría, muy reacios a la propuesta, en particular sobre una tasa mínima del 15%, no firmaron la declaración, según la lista facilitada por la organización.
China, cuya posición era muy esperada, y los países generalmente considerados como paraísos fiscales sí se sumaron al acuerdo.
Todos los países firmantes representan el 90% del PIB mundial.
"Las multinacionales ya no podrán enfrentar a un país contra otro en un esfuerzo por reducir los impuestos y proteger sus beneficios a expensas de los ingresos públicos", reaccionó el presidente estadounidense Joe Biden en un comunicado.
Estas empresas "ya no podrán evitar el pago de su parte justa ocultando los beneficios generados en Estados Unidos, o en cualquier otro país, en jurisdicciones de menor imposición", añadió.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, celebró un "día histórico para la diplomacia económica".
El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, lo calificó de "paso colosal hacia una mayor justicia fiscal" y su homólogo francés, Bruno Le Maire, habló del "acuerdo fiscal internacional más importante alcanzado en un siglo".
Bases
La declaración conjunta, que se basa en el acuerdo alcanzado en el G7 a principios de junio, prevé también un reparto "más justo" de los beneficios entre los países donde las empresas tienen su sede y aquellos en los que realmente desarrollan sus actividades, incluso sin presencia física. Esta parte está dirigida en particular a los gigantes digitales.
Sin embargo, las industrias extractivas, como la minería, y los servicios financieros regulados quedarán excluidos de esta medida, pero no del impuesto mínimo, dice el texto.
La federación comercial de industrias digitales (CCIA), que incluye a Amazon y Facebook, dijo que estaba "deseando participar en los detalles del plan de aplicación e insta a los países a eliminar los impuestos existentes sobre los servicios digitales y a abandonar" otros proyectos similares que se están estudiando, según su presidente Matt Schruers.
El plan propuesto será "de gran ayuda para los Estados" que han gastado mucho durante la pandemia y necesitan financiar la recuperación, dijo la OCDE en su declaración.
"Este paquete de medidas no acaba con la competencia fiscal, ni lo pretende, sino que busca limitarla según las normas acordadas multilateralmente", insistió Cormann.
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Aplicación en 2023
Los participantes en las negociaciones se dieron plazo hasta octubre para "finalizar los trabajos técnicos" y preparar "un plan para su aplicación efectiva en 2023".
Hasta entonces, los países que no se hayan adherido al acuerdo pueden hacerlo.
Se espera que los ministros de Economía del G20, que se reunirán la próxima semana en Venecia, aprueben el avance técnico y político alcanzado el jueves.
Un primer acuerdo en el G7 a principios de junio en Londres había dado un nuevo impulso a la negociación, que se había estancado durante la presidencia de Donald Trump y que se reactivó con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.
Según la OCDE, con una tasa de al menos 15%, el impuesto mínimo mundial generaría unos 150.000 millones de dólares de ingresos fiscales adicionales al año en todo el mundo./AFP
¿Cómo funcionará?
El acuerdo para una reforma de la fiscalidad de las multinacionales prevé dos partes: una sobre una tasa global sobre los beneficios, de al menos el 15%, y otra sobre un nuevo reparto de los derechos de imposición entre los Estados.
Nueva distribución de los derechos fiscales
El llamado "Pilar 1" consiste en reasignar una parte del impuesto sobre los beneficios que pagan las multinacionales a los llamados países "de mercado", es decir, a aquellos en los que realmente desarrollan sus actividades.
Por lo tanto, el impuesto ya no se pagará únicamente en el lugar donde se encuentre la sede social de la compañía, algo que supone una auténtica revolución en la fiscalidad internacional.
Las empresas afectadas son las que tienen un volumen de negocios mundial de más de 20.000 millones de euros (23.700 millones de dólares) y una rentabilidad superior al 10%.
Según la declaración, el umbral de facturación podrá reducirse a 10.000 millones de euros al cabo de siete años, una forma de satisfacer a ciertos países emergentes que quieren ampliar el número de empresas elegibles.
Las industrias extractivas, como la minería, y los servicios financieros regulados están excluidos de esta medida.
Los países que podrán recibir una parte del impuesto son aquellos en los que las multinacionales facturan más de un millón de euros (1,18 millones de dólares), o 250.000 euros (296.000 dólares) para las economías pequeñas (con un PIB inferior a 40.000 millones de euros, 47.000 millones de dólares).
El importe que servirá de base para el cálculo del impuesto de sociedades atribuido a los países de mercado se situará entre el 20% y el 30% del llamado beneficio "residual", es decir, por encima del umbral de rentabilidad del 10%.
La declaración abre el camino a una "segmentación" de las actividades.
Este mecanismo debería así garantizar que el negocio de computación en la nube de Amazon, que tiene una rentabilidad superior al 10%, al contrario de la del resto del grupo estadounidense, se incluya en el ámbito de aplicación del impuesto.
Tasa mínima del impuesto de sociedades
El denominado "Pilar 2" supone la aplicación de una tasa impositiva efectiva mínima de "al menos el 15%" sobre los beneficios de las multinacionales.
Algunos países, sobre todo las grandes naciones emergentes, habían defendido una tasa mínima más alta que la incluida en la declaración.
Un Estado podrá gravar los beneficios en el extranjero de una de sus empresas nacionales que hubiera tributado en el extranjero a una tasa inferior a esta tasa mínima, para compensar la diferencia.
Las empresas afectadas son las que tienen un volumen de negocios de al menos 750 millones de euros (890 millones de dólares).
La declaración prevé "excepciones" a esta norma, por ejemplo en las actividades de transporte marítimo internacional.
También se ha incluido un mecanismo para los países más pequeños, a fin de tener en cuenta la presencia real de las multinacionales en su territorio, y distinguirlos de los paraísos fiscales, donde estas empresas no suelen tener actividad real./AFP
Impuesto insuficiente
La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (Icrict) busca promover el debate sobre la reforma de la tributación corporativa internacional, a través de una discusión más amplia e inclusiva de las reglas fiscales internacionales.
Esta Comisión, que preside el exministro colombiano José Antonio Ocampo, calificó ayer el acuerdo de la OCDE como una “nueva oportunidad perdida para poner fin a la evasión fiscal de las multinacionales y generar ingresos en todo el mundo para apoyar a los gobiernos en su lucha contra la pandemia y la recuperación tras el covid.
La Icrict consideró que una reforma integral permitiría gravar los beneficios de todas las multinacionales a nivel mundial en función de sus actividades reales en cada país, es decir, asignando los beneficios corporativos globales de las multinacionales a los distintos países según una fórmula, en función de los factores clave que generan los beneficios: el empleo, las ventas y los activos.
Precisó que un impuesto mínimo efectivo global del 25% para las multinacionales pondría fin a la perjudicial competencia fiscal entre países y reduciría el incentivo de las multinacionales para trasladar los beneficios a los paraísos fiscales.