Entrevista. Coordinador de derechos humanos,Fabio Amado de Souza, cuestionó el papel del Ejército en las zonas urbanas para recuperar el orden social.

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En el marco de la intervención militar en Río de Janeiro, la cual le permite a las Fuerzas Armadas mantener el control en la ciudad para frenar la escalada de violencia en los últimos años, la Agencia Anadolu habló con Fabio Amado de Souza Barretto, coordinador de derechos humanos de la Defensoría Pública de Río de Janeiro, quien reflexionó sobre el papel del Ejército en las zonas urbanas como medio para recuperar el orden social.

¿Cuáles son las facultades que tienen los militares en su accionar urbano?

Esa intervención le permitió a las Fuerzas Armadas tener el control de toda la seguridad estatal. Con esos beneficios ellos actúan en conjunto con la Policía Estatal Militar y con la Policía Civil, la misma que es responsable de las investigaciones sobre los posibles crímenes que efectúe el Ejército, una suerte de círculo de impunidad.

A esto se le debe sumar el racismo estructural e institucional que acentúa la desigualdad en las favelas de nuestro país, donde, por ejemplo, el Ejército quedó autorizado para intervenir las casas de los ciudadanos sin ninguna orden judicial.

Con esto quiero decir que con la llegada de las Fuerzas Armadas a la ciudad ciertamente los afectados van a ser los pobres de las favelas.

¿Qué hacen los militares cuando llegan a estos barrios populares?

Bueno, ellos están sobre todo apoyando operaciones de las otras policías, algo que nos preocupa bastante en la Defensoría Pública, por las violaciones de los derechos humanos que se puedan presentar.

Los operativos militares comenzaron en una favela llamada Vila Kennedy. Allí iniciaron un control de la salida y la entrada de todas las personas que viven en esa zona de la ciudad: cada individuo era inspeccionado por los militares y, a pesar de que presentaran su documentación en regla, se les tomaba una foto para llevar un registro, como si fueran criminales.

¿No fue suficiente la intervención del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) para controlar el crimen organizado?

A pesar de que el BOPE hace parte del escuadrón especial de la Policía, este actúa excepcionalmente. Yo sé que el BOPE se hizo famoso con la película Tropa de élite, pero en realidad ha provocado numerosas muertes de civiles inocentes. En enero de este año tuvimos 155 personas asesinadas, tanto por el BOPE como por la Policía de Río de Janeiro.

También es cierto que en el 2017 hubo más de 130 efectivos de la Policía asesinados por bandas criminales. En ese sentido no es justo estigmatizar el trabajo general del BOPE, porque ellos también han sufrido muchas bajas. 

¿Desde que comenzó la militarización han reducido o aumentado los indicadores criminales en los barrios populares de Río?

Para serle honesto, los índices de criminalidad no han cambiado en los casi dos meses que Río de Janeiro lleva militarizada. No se percibe ningún cambio significativo que justifique la orden de militarizar la ciudad. Esta es una cuestión por la que el Gobierno y los militares deben responder, pues en definitiva no están realizando bien su trabajo. 

El pasado jueves, el presidente Temer aprobó una medida provisoria para reorganizar algunos cargos del gabinete que dirige la intervención y delinear un accionar claro y efectivo por parte de las Fuerzas Armadas. 

Pero toda esta labor tiene que llevarse a cabo en el marco del respeto de la Constitución y los derechos humanos. Nuestra visión como defensores de DDHH es que hay una desvitalización de las funciones de las Fuerzas Armadas. Lo reitero: el Ejército en estos momentos no debe ocupar el papel de la Policía.

En su momento, un comandante del Ejército dijo: “Necesitamos tener garantías para no enfrentar una nueva Comisión de la Verdad”, la cual investigó la violación de los derechos humanos en la dictadura militar. ¿Las Fuerzas Armadas no rendirán cuentas tras concluir la intervención en Río?

Esa es una de nuestras más grandes preocupaciones. No queremos que las posibles ejecuciones extrajudiciales queden en la impunidad en medio de una ley inocua.

Nosotros sabemos que es muy importante un papel imparcial de la justicia frente a la violación de derechos humanos contra los civiles. 

Por lo mismo, desde la Defensoría Pública presentamos la semana pasada una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se responda por el asesinato de ocho personas en noviembre del 2017 en Complexo do Salgueiro (Río de Janeiro). Esos ciudadanos fueron asesinados con toda certeza por militares.

Lo lamentable es que los responsables -si son condenados- no serán juzgados por la justicia ordinaria sino por la justicia militar.

La opinión pública asegura que el verdadero objetivo del presidente Michel Temer es usar a las Fuerzas Armadas para garantizar el respaldo de la población de cara a los comicios presidenciales de octubre próximo. ¿Qué opina?

Hay un sector de la opinión pública que cree eso; también ciertos medios de oposición respaldan esa teoría. Nosotros, como órgano que pretende garantizar los derechos jurídicos, preferimos no entrar en este campo de especulaciones políticas. 

¿Cuál es la opinión de los ciudadanos de Río sobre la militarización?

Las Fuerzas Armadas tienen una aprobación muy alta entre la sociedad, entonces en general las personas aprueban la intervención y piensan que podría ser un intento de solución y una herramienta de combate contra tanta violencia. 

Pero nosotros, que conocemos las estructuras militares y su accionar entre la población urbana, podemos dar fe de que en los últimos 25 años de intervenciones militares solo una vez hubo una reducción de los índices criminales.

La militarización supone una suspensión de las garantías individuales de las personas pobres. Es casi una criminalización de la pobreza. 

¿Cuál es la situación de los defensores de los derechos humanos en medio de tanta violencia?

Los defensores de derechos humanos que son militantes y viven dentro de las favelas tienen físico miedo. Este pánico se ha exacerbado tras el asesinato de la concejal Marielle Franco, ya que esto demuestra que el Estado brasileño no es capaz de garantizar la integridad de las personas que luchan por los más desfavorecidos. 

Si fueron capaces de matar a una parlamentaria, a una mujer con tanta visibilidad como Mariella, cualquiera de los defensores de DDHH es vulnerable.

¿Asesinaron a Marielle Franco por criticar la intervención militar?

Hasta ahora la investigación no ha determinado el porqué del asesinato. Pero lo que se habla es que hay una conexión con las milicias (organizaciones paramilitares) que controlan buena parte de las favelas en Río de Janeiro y a quienes, seguramente, el discurso de Marielle les incomodaba.

¿No cree que es apresurado totalizar los síntomas negativos de la militarización en Río?

La verdad no lo creo. Las Fuerzas Armadas tienen la misión de garantizar la soberanía del Estado contra invasiones externas. Cuando se desvirtúa su labor pierde tanto el Ejército como la Policía y la población civil.