ENTRE la espada y la pared, como reza el refrán popular, se encuentra el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, quién debe presentar una reforma laboral sobre la que pende la ayuda europea para la reactivación económica y para la que sus socios de Podemos plantean un revolcón.

Con el reloj en contra, ya que debe presentarla antes de fin de año, el líder socialista deberá lograr puntos de encuentro con sus aliados de izquierda, quienes han radicalizado sus posiciones buscando que se reduzca la precariedad laboral, la que consideran no se logrará con simples ajustes, tal cual lo señalaron en el acuerdo firmado en 2019 y que permitió Sánchez formar gobierno.

La evidente división en la coalición gobernante generó la inmediata reacción de los conservadores (Partido Popular) anticipando que darán la batalla política para que se mantenga la reforma aprobada por Mariano Rajoy que ha sido “clave” no sólo para generar tres millones de empleos sino impulsar los ERTE (expediente de Regulación Temporal de Empleo), una medida de flexibilización laboral.

Pablo Casado, líder del PP, también advirtió a Sánchez sobre el ‘irrenunciable’ diálogo con los empresarios para determinar los ajustes que se requieran en la iniciativa, máxime porque ese es el condicionante que ha fijado la Unión Europea para entrega de los fondos que se aprobaron para impulsar la reactivación económica de sus países miembro.

El jefe de la oposición conservadora fue más allá al solicitar al gobierno español más reformas en temas claves. “El reformismo no solo es posible sino necesario y urgente porque es el "sistema operativo de las democracias liberales y lleva demasiados años sin ponerse en marcha", sostuvo.

Y agregó que “a tiempo estamos de ir hacia el camino del reformismo, la moderación, el diálogo social de verdad con los que crean empleo y el camino del consenso con la oposición, autonomías y entidades locales".

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Casado reiteró que es “absolutamente esencial” que se mantengan los lineamientos generales de la actual reforma laboral y que los ajustes a realizarse deben llevar a una flexibilidad en el mercado para que se cree empleo y no se destruya. “Esa flexibilidad es lo contrario que está haciendo el Gobierno, subiendo los costes de contratación sin ningún tipo de consenso en salario mínimo", enfatizó.

Los desacuerdos entre Psoe y sus socios Unidas Podemos se hicieron evidentes el fin de semana cuando la ministra de Trabajo y líder de la izquierda radical, Yolanda Díaz, prometió una "auténtica revolución" en el mercado laboral mientras que la vicepresidenta de Economía y antigua directora de presupuestos en la Comisión Europea, Nadia Calviño, se mostró más reticente, aunque sin llegar a hablar de "derogación" de la anterior reforma.

Los críticos a la ley laboral, implementada hace menos de una década por el entonces gobierno conservador de Mariano Rajoy para relanzar la economía devastada por la crisis financiera de 2008, aseguran que ésta disparó la precariedad laboral, con la mayor tasa de contratos temporales en Europa. Para sus defensores, fue clave para reducir el desempleo, que rozó el 27% en 2013 y actualmente se ubica en 16%.

Es en ese marco que el actual gobierno socialista apuesta por revisar sus aspectos más controversiales, como la posibilidad del empleador de modificar unilateralmente el contrato de trabajo o la prioridad otorgada a los acuerdos de las empresas sobre los convenios colectivos, lo que según los antagonistas favoreció la baja de los salarios. Pero tanto esa concepción como el alcance de la misma lo enfrenta con sus socios de la izquierda radical.

Entre tanto los empresarios (la patronal) que han hecho públicos sus reservas frente al enfoque de Podemos que tilda de "marxista", brindó su apoyo a Calviño, lo que desató la ira de Podemos, que a través de su portavoz Isabel Serra sostuvo que “no vamos a permitir que ella haga una reforma laboral al servicio y a medida de la patronal”.

Por su parte, la previsible candidata de dicha formación para las próximas elecciones generales, Yolanda Díaz, sostuvo que aunque “hay una parte del gobierno que no quiere que se cambie el modelo de relaciones laborales, es decir, que se mantenga el 'statu quo'", ella liderará la ofensiva para que se dé un verdadero revolcón en dicho tema.

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En la mira de UE

Esa alta tensión en la coalición gobernante española es seguida de cerca por sus socios europeos, quienes esperan antes de fin de año les sea presentada tal reforma, una de los requerimientos para desembolsar los 140 mil millones de euros (unos USD 162.700 millones) del megaplan para la recuperación.

Para Antonio Barroso, analista del gabinete Teneo, el Partido Socialista "quiere una reforma más moderada, más en línea con lo que quiere Bruselas", pero derogar la reforma conservadora de 2012 es "una de las promesas estrella" de Podemos, quien teme que si no cumple "va a tener un efecto negativo en las urnas".

Pero si bien las tensiones son fuertes, "a ninguno de los dos miembros de la coalición le interesa que el gobierno caiga", en vista del avance de la derecha en los sondeos, subrayó el experto.

“El mercado laboral ha sido tradicionalmente un problema en España, con muchas diferencias entre los trabajadores más protegidos y los que menos", estimó el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, de visita en Madrid esta semana.

"El camino elegido por España de negociar con los agentes sociales es una buena decisión. Pero esto no supone que las negociaciones estén abiertas 'sine die'. Pasado un tiempo el gobierno debe decidir", agregó en su entrevista con el diario El País.

El desacuerdo político en su coalición forzó un pronunciamiento de Sánchez: “todo el gobierno está comprometido con la reforma…Se hará en España como se hace en Europa: con diálogo social y vocación de consenso".

Y agregó que se buscará “extirpar la precariedad, impulsar la competitividad de la economía y restablecer el equilibrio en la negociación entre empresarios y trabajadores”, al tiempo que se comprometió a “impulsar el mayor de los consensos”.

"Me defino como un socialdemócrata del siglo XXI que aspira a seguir manteniendo fiel la esencia de lo que representa el proyecto político que yo lidero y es que nuestro país avance en términos de Justicia social", recalcó el jefe de gobierno español.

Esos son sus lineamientos e intenciones, sin embargo convencer a sus socios de la izquierda no le será fácil ya que venidos a menos en el apoyo popular deben buscar una bandera electoral que los vuelva a posicionar.

Esa es la disputa abierta al interior del Ejecutivo español y, al exterior, la férrea disposición conservadora de defender los principios rectores de la vigente reforma y el diálogo social. Así las cosas, se pone a prueba la capacidad negociadora y poder de convencimiento del socialista Sánchez.