EN el primer país del mundo que elija a todos sus jueces por voto popular se convierte México, tras ser aprobada una reforma judicial del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien adujo que el poder judicial “no está impartiendo justicia”, mientras que para sus detractores es la fulminación de la independencia de poderes.

AMLO, quien entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, impulsó la enmienda constitucional en el marco de un choque con la Suprema Corte, a la que acusa de favorecer la corrupción ya grupos criminales, y de ser la trinchera de la oposición.

Con el voto directo "se fortalecerá la impartición de justicia en nuestro país", demostró a su vez Sheinbaum en X.

La impunidad en México, donde diariamente se registran unos 80 homicidios y hay más de 100.000 desaparecidos, supera el 90%, según la propia Suprema Corte.

Algunos magistrados de ese tribunal, Estados Unidos, Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch advierten que la elección por voto popular puede dejar a los jueces a merced de intereses políticos y criminales.

Supone la "demolición" del poder judicial, denuncia la presidenta de la Corte, Norma Piña.

Tras la aprobación en el Senado, la reforma debe ser aprobada por al menos 17 congresos estatales, lo que no parece un obstáculo para el partido Morena y sus aliados que controlan dos tercios de las gobernaciones. Luego será promulgada por la presidencia.

Aquí las claves de esta reforma constitucional, que fue aprobada pese al masivo rechazo ciudadano y a advertencias internacionales gracias a las amplias mayorías del oficialismo en el Congreso.

1. Elección popular de jueces. Es la parte medular y más controvertida. Serán elegidos en comicios extraordinarios, en 2025 y 2027, entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hasta ahora los miembros de la Suprema Corte eran propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, mientras el Consejo de la Judicatura Federal nombraba a jueces y magistrados tras solicitudes y concursos de méritos.

2. Caso único. La proyectada elección de unos 1.600 jueces y magistrados federales, y de los miembros de la Suprema Corte es un caso único. "No existe en otros países", señala Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, y crítica del proyecto.

3. Cirugía a la Suprema Corte. Reduce el número de ministros de la Suprema Corte de una vez a nueve, mientras su encargo pasa de 15 a 12 años. Asimismo, elimina la pensión vitalicia que reciben los ministros al cumplir su período y prohíbe que sus integrantes ganen más que el presidente, una medida ya existente pero que no se cumpla.

4. Nuevo órgano de supervisión. Elimina el Consejo de la Judicatura Federal, que administra y vigila la conducta de los funcionarios judiciales, y ordena la creación de un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial que evaluará e investigará el desempeño de los jueces, podrá remitir eventuales casos criminales a la Fiscalía y solicitar juicios políticos a los juzgadores ante la Cámara de Diputados.

5. Jueces sin rostro. Incorpora esta figura para para preservar su seguridad e identidad en procesos contra el crimen organizado. Sin embargo, es criticada por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al considerar que impide conocer la idoneidad y competencia de los jueces. Fue usada en Colombia se adoptó a finales de los años 1980 para enfrentar una escalada terrorista del narcotráfico.