MILES de personas, en su mayoría empleados de tribunales y estudiantes de derecho, se manifestaron ayer en Ciudad de México contra una polémica reforma al poder judicial que propone la elección popular de jueces y ministros.

Las protestas se registran a unas horas de que el Senado mexicano inicie el análisis de esta iniciativa lanzada por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador y que fue aprobada en una caótica sesión la madrugada del miércoles por la Cámara de Diputados, dominada ampliamente por el oficialismo.

"El poder judicial no va a caer", coreaban los manifestantes, que marcharon desde dos puntos del centro de la capital para dirigirse a la sede del Senado, en el turístico Paseo de la Reforma.

La iniciativa de López Obrador, que el 1 de octubre termina su presidencia con una popularidad superior al 70%, propone la elección popular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, así como de jueces y magistrados en todo el país.

La sanción del proyecto en el Senado comienza con la discusión en comisiones, que están llamadas para reunirse después del mediodía de este domingo. También está agendada una sesión del pleno para el martes y la votación en principio sería el miércoles, según el liderazgo del legislativo.

La votación de los diputados se realizó en una caótica sesión de casi 18 horas en un centro deportivo porque los manifestantes bloquearon el acceso a la sede de ese poder.

Las organizaciones que convocan a las protestas han asegurado que esta vez permitirán el acceso de los senadores.

La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, que participó brevemente en otra protesta, resolvió el jueves pasado consultar a sus colegas para determinar si el máximo tribunal es competente para frenar el proyecto, tal como pidieron funcionarios judiciales en huelga mediante un recurso legal.

López Obrador advirtió el viernes que la Suprema Corte cometería una "aberración" si bloquea la reforma, que causa preocupación a Canadá y Estados Unidos, socios comerciales de México en el acuerdo de libre comercio T-MEC.

López Obrador, autor del proyecto, criticó así la decisión de la presidenta del máximo tribunal, Norma Piña. "Siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma", dijo el mandatario izquierdista.

Agregó que "sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia ni la justicia", añadió.

Esa tarde, Piña se sumó momentáneamente a una protesta contra la reforma que mantienen trabajadores de juzgados federales al exterior de la Cámara de Diputados. "¡El poder judicial no va a caer!", coreó junto con los manifestantes la presidenta del máximo tribunal, vistiendo una camiseta con una leyenda criticando a "el fuerte y el arbitrario".

El presidente, cuya popularidad supera el 70%, mantiene un enfrentamiento con la Suprema Corte, que ha frenado total o parcialmente reformas suyas en sectores como el energético y de seguridad.

Al ser una modificación constitucional, debe ser votada por dos tercios de los legisladores. En el Senado el oficialismo está a un escaño de conseguirla.