Uno de los problemas más significativos que tienen los sistemas políticos en América Latina en general y, en un sentido más integrador, la disfuncionalidad social de esos países, reside en dos fenómenos que se retroalimentan: (i) judicializar la política; y (ii) politizar lo legal. Es decir, por una parte, se determinan previamente los fines políticos -por ejemplo, sembrar pruebas a los opositores- y luego se hacen las maniobras para que todo aparezca “consistentemente legal”.  El drama actual que terriblemente incluye sangre en las calles de Caracas -a fines de agosto de 2024- es una notable ilustración.

Por otra parte, la política permea lo legal. Es la faceta complementaria. Los funcionarios de lo “legal” no están por capacidades, por méritos en formación y logros que pueden haber tenido en sus carreras profesionales. Para nada. Lo importante es tener contactos políticos. De aquí que los políticos de siempre, los politiqueros, puedan aumentar su influencia a la vez que fortalecen su impunidad.

En el particular caso de México, tal y como recientemente lo han documentado varios medios y analistas -incluyendo diarios como El Economista, El Financiero, Excelsior y La Jornada, además de investigadores como Stephanie Brewer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha formulado la propuesta de un conjunto de reformas constitucionales que tendrían que ser votadas por el Parlamento este septiembre.

Es bueno tener en mente un detalle: esta nueva legislatura federal mexicana cuenta con mayoría del partido oficial Morena, y la nueva presidente Claudia Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre próximo.

Una de las iniciativas más polémicas es la “elección directa, mediante voto popular, de las autoridades judiciales del país”. Es decir que los jueces, magistrados y otras oficialidades del poder judicial serían electas mediante voto -sin intermediarios- de la población con el fin de ejercer sus cargos. En la actualidad, como en la abrumadora mayoría de países, este mecanismo de elección es responsabilidad de los congresos.

La propuesta no tiene antecedentes en Latinoamérica. Es audaz y sorpresiva. Se trata de dejar atrás el actual sistema, el cual se basa en pruebas profesionales. Hoy en día, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son nombradas con la participación del Ejecutivo y el Senado de México, que es un país federativo.

La reforma en particular en cuanto a la elección directa de los oficiales del poder judicial, incluye ampliar estas disposiciones de manera que tales mecanismos se repliquen en los 32 Estados de la Federación Mexicana. Es en todo esto en donde radica lo notablemente novedoso y como mínimo, potencialmente peligroso de la propuesta.

Lo que está en juego, es lo que sería la “captura política del poder judicial”.  Este es el meollo del asunto y de la dinámica que están tomando los acontecimientos en México. Las candidaturas para los puestos en el organismo judicial contarían con la postulación de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Cada poder establecería un Comité de Evaluación a fin de definir el listado de aspirantes. Los listados serían enviados al poder correspondiente para su aprobación.

Todo eso va sonando bien. Es como vivir en el planeta Hello Kitty. Lamentablemente las cosas no son generalmente así, miel sobre hojuelas. De tal manera que un grupo político que dominara los poderes especialmente Ejecutivo y Legislativo tendría un poder indiscutible en la elección. Se podría tratar, abiertamente, de una forma bastante más fácil que la actual, para cooptar los poderes del Estado.

Es de preguntarse por varios aspectos por demás pertinentes. ¿Se facilitaría aún en mayor grado la influencia del narco en la política, en la legalidad? Ahora se tiene el caso del dominio hegemónico en la política de Morena, el partido oficial.

¿Ya se olvidaron los mecanismos de cooptación de los poderes en el mismo México, con los 70 años del PRI? O de otros países de Latinoamérica. Como ilustración, a la mano, el caso de la Venezuela chavista, en esta situación ¿se tienen a la vista, comprobadamente las actas de votación, se contaron los votos? Claro que no. Y bueno, los militares y la policía aclaran cualquier duda.

Además, por si alguien aún no está convencido de por lo menos, los riesgos de la propuesta, hay más consideraciones: también mediante voto popular se conformaría un denominado Tribunal de Disciplina Judicial. Este ente tendría facultades plenas y por demás amplias para supervisar y sancionar al personal del Poder Judicial. Estarían vigilantes del desempeño de las funciones de jueces y magistrados.  Uno no necesita tener el IQ de Descartes, Newton o Galileo para saber que el partido político que domine este ente tendría un notable poder sobre todo el sistema judicial en el país.

Por supuesto, como ya puede intuirse a lo largo de esta argumentación -y siguiendo la teoría de la Elección Pública, con autores como Olson, Buchanan y Arrow; lamentablemente por razones de espacio no puedo expandirme más en esto- el asunto no es sólo estático: los grupos de poder que dominen estas instancias tenderían a generar beneficios “de renta permanente” con base en su poder. Procurarían hacerse recurrentemente de prebendas y beneficios, a costas de recursos públicos, aumentando de esta manera los costos para la población.

Los procesos de votación son fundamentalmente concursos de popularidad. Llevan desventajas los candidatos preparados, lo que “no hacen hervir la sangre” con una pertinente diatriba de insultos. Por supuesto son escasas las propuestas. Hacer que estos juegos emotivos incluyan elección de jueces es algo temerario, muy arriesgado. Pero bueno, sería entretenido. Se reafirmaría una vez más: el subdesarrollo no es de gratis.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard

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