La semana pasada, en un comentario en medios, el embajador de Estados Unidos en México, Kevin Salazar, calificó la reforma a la justicia que ha presentado el partido de gobierno, Morena, como “un gran riesgo para el funcionamiento de la democracia de México”, uniéndose a una serie de críticos que han dicho que el país, de ser aprobada la reforma al poder judicial, entraría en un espiral antidemocrático que golpea el Estado de Derecho y sus instituciones liberales.

Molesto, en respuesta a Salazar, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este martes que “estaba pausando” las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. “Ojalá haya una declaración de ellos de que van a ser respetuosos de la independencia de México”, dijo. “Mientras eso no suceda y sigan con esa política, entonces hay una pausa con la embajada”.

Las diferencias entre el presidente mexicano y el embajador de Estados Unidos se suman a los constantes choques los últimos meses entre el gobierno de turno y sectores opositores, oenegés, centros de pensamientos locales e internacionales e universidades que han alertado sobre las graves consecuencias que traería la reforma que busca modificar el artículo 95 de la Constitución Política Mexicana para que los jueces sean elegidos por voto popular y secreto para un periodo de 12 años -no de 15 como ahora-.

¿Justicia popular?

El proyecto de ley, aprobado este martes en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado y que cuenta con el respaldo de la contundente mayoría absoluta de Morena, contempla una serie de medidas que buscan que el legislativo y otros cuerpos electores como las cortes no intercedan en el nombramiento de jueces, pues a juicio del gobierno son los ciudadanos los que deben elegir a esos funcionarios judiciales.

En México, hasta el momento, los ministros son ternados por el Presidente y el ganador debe contar con el respaldo de al menos dos terceras partes del Senado, mientras que los magistrados y jueces los nombra el Consejo de la Judicatura Federal, una de las altas cortes que López Obrador califica de corrupta y clientelista.

Presentado en el Senado la semana pasada, la reforma a la justicia propone que, además de que los jueces se elijan por voto popular, los poderes judiciales locales de los estados federados establezcan las reglas para elegir directamente a sus magistrados y jueces. También, propone que se eliminen las pensiones vitalicias para actuales y futuros ministros y magistrados, se ajuste hacia abajo su salario y se sustituya el Consejo de la Judicatura por dos nuevas instituciones para que administren la rama judicial.

Además, plantea un modelo de justicia expedita con un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y de un año para asuntos penales, así como prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos (tutelas) y controversias constitucionales.

Aunque algunos elementos de la reforma son positivos, como los plazos para resolver asuntos penales y administrativos, el grueso de la reforma hace énfasis en construir una justicia popular y populista, introduciendo otros temas como los jueces sin rostro, una figura que busca que no se conozca la identidad del juez durante el proceso.

Otros países como Colombia en 1991 durante el estado excepción, el Perú de Alberto Fujimori y recientemente Brasil, con Bolsonaro, también aplicaron la figura de jueces sin rostro, pero los tribunales constitucionales siempre la han tumbado al considerarla violatoria del debido proceso y de las garantías constitucionales.

Advertencias

Este martes, las calles del paseo de la Reforma en la Ciudad de México se llenaron de miles de manifestantes que marcharon en contra de la reforma a la justicia, recordando las grandes movilizaciones en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) en momentos en los que López Obrador intentó fallidamente eliminar esta institución electoral para, como apunta la oposición, poder reelegirse indefinidamente.

A este grupo de ciudadanos se le han unido otras voces críticas, como la del coordinador de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e integrante de la Comisión de Justicia del Senado, Rubén Moreira, quien ha calificado la propuesta de selección de jueces como un escenario el que se “caería en el universo de la especulación electoral, de las componendas y la tentación de los partidos y poderes fácticos de poner jueces a modo”.

Aunque López Obrador ha dicho que su reforma busca quitarle la elección de jueces a los políticos y a jueces, lo cierto es que, como escribe Moreira en su página web personal, la reforma genera una serie de incentivos para que los políticos intercedan en las elecciones locales y pongan jueces y magistrados.

A propósito de la elección popular de jueces, el “laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho” de la Universidad de Stanford y la Barra Mexicana de abogados critican la propuesta por constituirse en “una amenaza directa a la independencia judicial, violar estándares internacionales y socavar la democracia en México”.

“Muy pocos países del mundo eligen a jueces por votación popular. De los cuales solo Bolivia y Estados Unidos utilizan elecciones judiciales para seleccionar a jueces de tribunales con jurisdicción constitucional. La experiencia de estos dos países confirma que las elecciones judiciales comprometen la independencia y la imparcialidad judicial”, dice un comunicado publicado por estas organizaciones en mayo.

En general, los críticos dicen que la reforma afecta totalmente la independencia judicial en México. Sobre esto, el magistrado José Alfonso Montalvo, en entrevista con CNN esta semana, opinó que "no debe existir ninguna influencia externa, ni interna, al momento de que los juzgadores resuelvan o emitan sus resoluciones”.

Muy seguramente, por la aplanadora con la cuenta López Obrador en el Senado, la reforma a la justicia va ser aprobada en México la próxima semana, poniendo en riesgo la división de poderes y consolidando una era en la que democracia y sus instituciones liberales se están convirtiendo en una ficción al servicio de un movimiento populista (Morena) que controla el poder ejecutivo, el poder legislativo y ahora, la elección de los jueces.

* Analista y consultor.  MPhil en Universidad de Oxford.