La justicia nicaragüense decidió enjuiciar y mantener en prisión preventiva a la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro y a otros acusados de lavado de activos, a escasos 67 días de las elecciones generales.

El ministerio Público (Fiscalía) informó que "la autoridad judicial mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva y remitió la causa a juicio", durante una audiencia inicial celebrada en las instalaciones de la cárcel El Chipote

La Fiscalía no anunció cuándo comenzará el juicio ni precisó cual será el tribunal a cargo de la causa.

Chamorro, 67 años, cumple arresto domiciliario desde el 2 de junio, luego de que la fiscalía iniciara una investigación por lavado de bienes y activos a través de la fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.

La oenegé, que cerró en febrero, es un centro de capacitación de periodistas y defensa de la libertad de prensa, y durante 20 años estuvo bajo la dirección de Cristiana Chamorro.

Chamorro negó los cargos que le imputa la Fiscalía y atribuyó el caso a un interés del gobierno de inhibirla para competir en las elecciones del 7 de noviembre. 

Encuestas de opinión le daban el mayor apoyo ciudadano después del presidente Daniel Ortega, quien postula para un cuarto mandato sucesivo.

El mandatario de 75 años estuvo en el gobierno entre 1979 y 1990, primero al frente de una Junta de Gobierno y luego como presidente. En 1990 fue derrotado por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y regresó al poder en 2007 donde se mantiene hasta la fecha.

El proceso electoral se realiza en medio de una ola de arrestos de 34 opositores y críticos de Ortega, de los que siete eran aspirantes a la presidencia, incluida Chamorro.

Además de Cristiana, también serán procesados sus hermanos Pedro (en prisión) y Carlos Fernando Chamorro (en el exilio), siete empleados de la fundación de los que cuatro están prófugos, según la fiscalía.

La audiencia de la que no se dieron detalles, se realizó en la mañana del jueves dentro de las instalaciones de la cárcel de auxilio Judicial de la Policía, conocido como El Chipote, al suroeste de Managua.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó "el hermetismo" de las autoridades respecto a la sesión y cuestionó si "continuarán las audiencias secretas en contra de la ley", que estipula que deben ser públicas y en el recinto judicial.

El Cenidh también criticó que a los familiares de los procesados no se les permitiera estar presentes ni entregar alimentos a sus parientes. Los policías que custodian el lugar los "han corrido de forma hostil", denunció la institución.

Entre tanto, familiares y un abogado de opositores al gobierno de Daniel Ortega presos por "traición a la patria", entre los que se encuentran aspirantes a la presidencia, denunciaron que los disidentes padecen prácticas de "tortura psicológica".

A dos meses de las elecciones generales, el gobierno permitió el martes por primera vez desde junio -cuando comenzó una ola de detenciones que ha afectado a 34 opositores- "visitas de los familiares", según un comunicado del ministerio Público (Fiscalía).

Tras las visitas, allegados de los presos han criticado las condiciones de presidio de sus parientes: que han estado en confinamiento sin verse entre ellos, reciben sol una vez por semana, hay una luz encendida 24 horas dentro de su celda, no se les permite la lectura, ver la televisión ni otras actividades.

Entre los detenidos que fueron vistos por sus familiares están los aspirantes a la presidencia Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, así como la exguerrillera Dora María Téllez y la dirigente social Violeta Granera.

En un comunicado emitido en Washington, Jared Genser, abogado internacional de los aspirantes a la presidencia Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, expuso en un comunicado que aunque "no han sido golpeados físicamente, sí han recibido tortura psicológica desde que ingresaron a la cárcel".