UNA reunión en el extranjero y ante un verificador internacional aún desconocido: el secretismo que rodea el inicio de las negociaciones entre la izquierda gobernante en España y el independentista Carles Puigdemont sobre la crisis separatista en Cataluña despertó mucha controversia en el país.

A cambio del apoyo clave de sus siete diputados para que el socialista Pedro Sánchez consiguiera un nuevo mandato, el partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, consiguió el compromiso para la futura adopción de una ley de amnistía a los separatistas procesados por la justicia, así como la apertura de negociaciones sobre "el reconocimiento nacional de Cataluña".

El texto del acuerdo entre los socialistas y Junts -firmado el 9 de noviembre en Bruselas, tras intensas negociaciones- indicaba también que, debido a las "profundas discrepancias" y "desconfianzas mutuas", ambas formaciones habían "acordado dotarse de un mecanismo (...) internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación".

El primer encuentro de esas conversaciones debe producirse este sábado en Ginebra, según los medios españoles. A él debería acudir Puigdemont -quien huyó a Bélgica tras el intento fallido de secesión de Cataluña en 2017, para esquivar a la justicia española- y el socialista Santos Cerdán, uno de los colaboradores más próximos de Sánchez.

Apelando a la discreción, ni el presidente del gobierno español ni Junts confirmaron o desmintieron estas informaciones. Ninguno quiso desvelar tampoco la identidad del verificador.

En caso de que se confirme, la elección de Suiza, un "país neutral", y de esta ciudad a orillas del lago Lemán, de marcado simbolismo diplomático, no sería casual, indica Cristina Monge, politóloga de la Universidad de Zaragoza.

Puigdemont busca "evidenciar" que hay "un conflicto político que necesita de una mediación para ser resuelto", considera Monge.

El gobierno regional entonces dirigido por Puigdemont organizó el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación, pese a la prohibición de la justicia española, y la cámara legislativa catalana proclamó luego unilateralmente la independencia, anulada por la justicia.

Preguntado el jueves en una entrevista en la televisión pública, donde evitó dar detalles concretos sobre la reunión, Sánchez defendió que se recurra a una mediación internacional.

"Es, efectivamente, un mecanismo excepcional", reconoció, pero la crisis separatista en Cataluña, "uno de los principales problemas constitucionales y territoriales que ha tenido este país durante estos últimos 45 años", es "también excepcional", justificó.

"Si dos no se entienden, que nos acompañe un tercero (...) es una buena noticia porque nos puede ayudar a llegar a acuerdos", agregó.

Pero las posiciones de Junts y los socialistas sobre el futuro de Cataluña son completamente opuestas.

Carles Puigdemont considera esencial avanzar hacia la celebración de un referéndum de autodeterminación, que los socialistas rechazan de plano al considerarlo contrario a la Constitución española.

El partido de Sánchez propone, de su lado, reforzar la autonomía de esta región del noreste de España con 8 millones de habitantes -y uno de los motores económicos del país-, que ya posee amplias competencias.

La oposición de derecha, que tiene previsto volver a manifestarse este domingo en Madrid, denunció la "sumisión" de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes.

"El gobierno se ha conformado en Bruselas y su control se hace desde Ginebra", reiteró el líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo.

Y a pesar de ser un apoyo habitual del gobierno, el diario El País también se mostró crítico. "La escenificación demandada al PSOE" por Puigdemont "parece equiparar a su partido con una organización clandestina en el exilio", podía leerse el viernes en un editorial, que calificaba esta concesión de "sobreactuación innecesaria y contraproducente".

Para algunos analistas, además, no debe verse a Puigdemont como un aliado fiable para garantizar la estabilidad del gobierno minoritario de Sánchez durante toda la legislatura.