Las autoridades de Estados Unidos y Brasil multaron al gigante petrolero brasileño Petrobras por más de US$853 millones por pagar sobornos a políticos de ese país y a partidos políticos, anunció el departamento de Justicia estadounidense.

Ejecutivos de Petrobras de "los más altos niveles", incluyendo miembros del directorio, facilitaron cientos de millones de dólares en coimas "y luego prepararon los libros para ocultar los pagos de sobornos a inversores y reguladores", señaló el fiscal general adjunto Brian Benczkowski en un comunicado.

Las autoridades brasileñas recibirán 80% del monto de la multa.

Culpabilidad

La empresa brasileña admitió haber falsificado sus cuentas y reconoció que "algunos dirigentes fallaron en el control de las cuentas para facilitar el pago de sobornos".

El caso estalló mientras Petrobras cotizaba en el NYSE, en la bolsa de Nueva York, lo que dio parte a las autoridades estadounidenses, explicó el Departamento de Justicia.

Los investigadores dijeron que los ejecutivos de Petrobras hicieron pagos para frenar una pesquisa parlamentaria sobre los contratos de la empresa.

Los directivos de Petrobras también canalizaron supuestos sobornos de los contratistas de la empresa a la campaña de un político brasileño -cuyo nombre no fue revelado- que tenía poder sobre dónde la petrolera podría construir refinerías.

Además de admitir el pago de sobornos, y de haberlo ocultado en sus libros en contra de la ley, los ejecutivos de la compañía certificaron estados financieros falsos ante la Securities and Exchange Commission (SEC), que regula y supervisa el mercado estadounidense.

Cooperación

Como parte del acuerdo anunciado ayer, Petrobras aceptó seguir cooperando con las investigaciones, incluso aquellas sobre acciones de individuos, y hacer cambios en su programa interno de compliance (cumplimiento de normas internas y externas).

El pacto judicial implicó un "acuerdo sin enjuiciamiento", lo que significa que no se presentarán cargos contra la compañía. No obstante, los fiscales pueden tomar medidas por separado contra las personas.

Más de 40 países, incluyendo a Estados Unidos, han criminalizado el pago de sobornos en el extranjero para hacerse de negocios, por considerarlo una defraudación a inversores y promoción de la corrupción e inestabilidad política.

En un asunto relacionado, Petrobras acordó pagar US$933,5 millones a la SEC para devolver ganancias obtenidas ilícitamente, pero esta suma se reducirá por los montos pagados en una demanda colectiva presentada por inversionistas en Nueva York.

Ningún partido político ha estado al margen de este gigantesco escándalo de corrupción en Brasil, conocido como operación "Lava Jato", que estalló en 2014 por la atribución de contratos públicos del grupo estatal Petrobras.

La investigación permitió llevar a prisión a decenas de responsables políticos de todos los colores y de primer plano, incluyendo a gobernadores de estados así como a reconocidos hombres de negocios.

De otro lado, una fastuosa mansión del exgobernador de Rio de Janeiro Sergio Cabral, preso por corrupción y lavado de dinero en el marco de la megainvestigación “Lava Jato”, fue rematada por 1.5 millones de dólares.

Esta casona de 460 m² en la localidad de Mangaratiba (a unos 100 Km al sur de la capital del estado Rio de Janeiro, sudeste) fue vendida en su segunda salida a subasta y tras recibir una única oferta por el precio base de 6.4 millones de reales. Estaba valuada en 8 millones de la divisa local.

La subasta de bienes incautados a Cabral y a otros acusados en la investigación "Lava Jato" (lavadero de autos) incluyó también la venta de tres apartamentos (por más de nueve millones de reales), tres vehículos y seis relojes de lujo.

El exgobernador purga desde noviembre de 2016 varias condenas por corrupción y lavado de dinero, que sumadas superan los 100 años de cárcel.

Una de sus sentencias lo describió como el "creador del gigantesco esquema criminal institucionalizado en el ámbito del Gobierno del Estado de Rio de Janeiro" y sostuvo que él era "el jefe de la organización" y quien pedía sobornos a empresas que buscaban contratos con el Estado.