La toma de posesión de la presidencia de Cataluña provocó este jueves el primer choque entre el gobierno español y el nuevo líder independentista, Quim Torra, que evitó prometer fidelidad a la Constitución como ya hizo su antecesor Carles Puigdemont.

Casi siete meses después de la fallida declaración de secesión y la destitución de Puigdemont, los independentistas recuperaron la presidencia catalana en un modesto y brevísimo acto sin ningún representante del gobierno español que controla todavía esta región nororiental de la península Ibérica.

En el acto, celebrado en una sala secundaria del palacio del gobierno regional y sin apenas invitados, Torra evitó mencionar la Constitución y el Estatuto de Autonomía que regula el autogobierno regional, limitándose a prometer "cumplir lealmente las obligaciones del cargo (...) con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña".

Los independentistas aceptaron únicamente la presencia de un representante "de perfil secundario" del gobierno español, que ante estas exigencias decidió no acudir al acto y denunció su discreto formato, que "degrada la propia dignidad" de la institución.

El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, criticó este tipo de ceremonia "a hurtadillas", como si Torra "fuera un presidente de segundo orden".

Rajoy bajo presión

Elegido el lunes por el Parlamento catalán, Torra se considera como un "presidente en funciones" a la espera del retorno del "presidente legítimo en el exilio", Puigdemont, cuyo cese entiende ilegítimo.

En su juramento ni siquiera quiso ponerse el medallón con la bandera catalana que distingue al presidente regional.

Ahora, este editor de 55 años, del ala dura del independentismo, debe formar su gobierno, requisito indispensable para terminar con la intervención de Madrid sobre la autonomía regional.

Su levantamiento no está garantizado dado que Torra quiere incluir entre sus ministros a integrantes del ejecutivo cesado de Puigdemont, actualmente en prisión preventiva. 

Si el gobierno español lo considera ilegal, podría mantener su tutela como reclama el partido de centroderecha Ciudadanos, que amenaza con desplazar al Partido Popular (PP, conservador) de Rajoy de cara a las elecciones regionales y municipales de 2019.

Acusado de xenófobo por la oposición por antiguos articulos muy ofensivos contra los españoles, Torra prometió ser leal al mandato de "construir un Estado independiente" y trabajar "sin descanso" por la república catalana.

"No es momento de contemplaciones, ni de buenismo, es momento de actuar", dijo el líder de Ciudadanos, el catalán Albert Rivera, tras reunirse con Rajoy para pedirle que mantenga el control sobre las finanzas, los medios públicos y la policía de Cataluña.

Al mismo tiempo, el dirigente español necesita una normalización de la situación en Cataluña para conseguir el vital apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV), empático con la causa catalana, para aprobar los presupuestos.

Atrapado en esta pinza, Rajoy se comprometió a vigilar de cerca al nuevo presidente y a mantener el control de las finanzas públicas para evitar el gasto público en iniciativas separatistas, pero también se mostró dispuesto a reunirse con Torra para iniciar un diálogo dentro de la ley.

Batalla judicial

Paralelamente a los acontecimientos políticos, la batalla sigue en los tribunales, con una macrocausa por rebelión y otros delitos contra 25 líderes independentistas, nueve en prisión preventiva y otros siete en el extranjero.

El miércoles, la justicia belga rechazó la extradición de tres exconsejeros de Puigdemont instalados en ese país desde finales de octubre, por un defecto de forma en la petición del juez del Tribunal Supremo que instruye la causa, Pablo Llarena.

La decisión belga envalentonó a los independentistas que esperan un resultado similar en la petición contra Puigdemont, actualmente en Berlín en libertad bajo fianza después de que un tribunal alemán desestimara la extradición por el delito de rebelión.

Se trata del delito más grave y el más controvertido dado que implica la existencia de violencia, algo que numerosos juristas descartan que haya existido en el intento de secesión catalán.

Ante esta controversia y el revés recibido en Alemania, la justicia española abre la puerta en sus últimos autos a sustituir la acusación de rebelión por la de sedición, que no requiere la concurrencia de violencia y contempla también penas de cárcel pero más leves.