El presidente de Polonia, Andrzej Duda, propondrá una reforma que modificaría el funcionamiento del Tribunal Supremo, entre otras cuestiones para eliminar el polémico régimen disciplinario contra los jueces que ya derivó en una multa millonaria por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

El TUE impuso en octubre una sanción diaria de un millón de euros ante la inacción polaca, después de que la Comisión Europea considerase el régimen disciplinario una amenaza para la independencia judicial y reclamase una multa para presionar políticamente a Varsovia.

Bruselas incluso ha amenazado con congelar el desembolso de los fondos comunitarios, en virtud de un nuevo reglamento que permite congelar el dinero incluido el del plan de recuperación a países que han violado los principios del Estado de Derecho.

Duda finalmente ha asegurado este jueves que presentará una ley, "largamente esperada", con la que modificar el actual sistema judicial. "Propongo la eliminación de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo y que sus jueces sean trasladados a otras salas o jubilados", ha explicado, según la agencia de noticias PAP.

El presidente confía en que estos cambios sirvan para "terminar la disputa" entre el Gobierno polaco y el Ejecutivo comunitario y "desbloquear" el plan de recuperación, que aún está pendiente de aprobación en Bruselas.

Queda por ver, no obstante, si los cambios del régimen judicial lograrán el respaldo mayoritario en el Parlamento, dado que el Gobierno de Mateusz Morawiecki ya ha tenido que lidiar en otras ocasiones con discrepancias internas en el seno de la coalición gobernante.

Esta propuesta se da como respuesta a las sanciones impuestas anteriormente por el tribunal de justicia de la Unión Europea, ya que esta corte sostiene que, debido a las reformas en el poder judicial de Polonia, incluida la creación de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, no se ofrecen las garantías de imparcialidad e independencia y, en particular, la Justicia no queda inmune a las influencias directas o indirectas de los poderes legislativo y ejecutivo.

El proceso de nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, incluidos los de los miembros de la sala disciplinaria, dice el tribunal, está determinado sobre todo por un órgano, el Consejo Nacional de la Judicatura, "cuya independencia puede dar lugar a dudas legítimas.

Además, el régimen aplicable permite que el contenido de las decisiones judiciales de los jueces de los tribunales ordinarios pueda calificarse de falta disciplinaria lo que, según la corte europea, podría ser utilizado con fines de control político sobre las decisiones judiciales o para hacer presión sobre los jueces.