ES ALTAMENTE probable que, como ha ocurrido con otros personajes mundiales, los brazos de la justicia internacional no alcancen al presidente ruso Vladimir Putin ya que si bien la Corte Penal Internacional -CPI- hizo un primer envite (paso o empujón) con la orden de arresto en su contra, materializarla es una utopía.

Con indicios “razonables” de que tanto ese mandatario como su comisionada para los derechos de la infancia María Alekseyevna Lvova-Belova, cometieron un grave delito al deportar niños de las zonas ucranianas ocupadas por Rusia, la CPI emitió las mencionadas órdenes, que amén de ser consideradas por el Kremlin como ‘carentes de sentido y fundamento’, para cumplirlas requiere de la colaboración de los países por donde pueda moverse Putin, al igual que su alta funcionaria, lo que de suyo es inviable.

Desde antes de que iniciara su ‘ofensiva militar especial’ en la vecina Ucrania, el 24 de febrero del año pasado, Putin redujo sus viajes al extranjero y, así, solo se ha desplazado a su también colindante Bielorrusia. Si decide ir más allá, a otros ‘países amigos’ como China e inclusive India o algunos africanos, es improbable que estos acaten la orden del Tribunal Penal Internacional, bien porque no son como Rusia no reconocen tal jurisdicción o por simple estrategia geopolítica.

Así, esta orden de arresto en términos prácticos no se visualiza realizable, tal cual ha ocurrido con otras personas en el pasado. Vale recordar que el CPI, sin ‘dientes jurídicos’ para que se cumplan sus decisiones, tiene pendientes la detención de no menos de quince personas, que suman entre todas ellas más de 200 cargos -116 por crímenes de guerra, 87 por crímenes contra la humanidad y tres de genocidio- relativos a crisis en República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Libia, Costa de Marfil y la región sudanesa de Darfur.

El Estatuto de Roma, piedra angular del CPI, establece que esa máxima corte no puede juzgar a ningún acusado 'in absentia', es decir, que necesita que el individuo en cuestión se siente en el banquillo y responda en persona por los crímenes que se le imputan. Sin embargo, no dispone de una institución capaz de ejecutar el arresto, por lo que depende de los Estados miembro.

Actualmente, 123 países han suscrito el Estatuto de Roma, pero entre ellos no están Rusia ni tampoco otros aliados del propio Putin, como podrían ser China o Bielorrusia. El CPI tampoco tiene potestad sobre India, anfitrión de la cumbre de líderes del G20 prevista para septiembre y para la que el Kremlin no ha confirmado ni desechado que pueda acudir el presidente ruso.

Para citar algunos ejemplos de la inviabilidad de órdenes de arresto del CPI valga recordar la que hace 14 años expidió contra el presidente sudanés, Omar al Bashir, endilgándole crímenes de guerra y lesa humanidad por el sangriento conflicto en Darfur o la del líder libio Muamar Gadafi, expedida el 27 de junio de 2011, cuatro meses antes de que en su natal Sirte fuera ejecutado por milicianos opositores.

Y aunque el CPI reconoce que cuando dicta una orden de arresto y tiene indicios "razonables" para pensar que un determinado individuo ha cometido delitos que caen dentro de su jurisdicción, también admite que su cumplimiento depende de la colaboración de los países.

El Kremlin negó cualquier valor jurídico a la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional con el argumento de que Rusia no reconoce, al igual que “cierto número de Estados la competencia de esa corte, y, en consecuencia, del punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas", según declaraciones del portavoz presidencial, Dmitri Peskov.

Pero la misma Corte recordó que para arrestar a un prófugo no es necesario haber firmado el Estatuto de Roma y que básicamente lo que se requiere es la colaboración de países externos.

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Además, y aunque los países firmantes del Estatuto de Roma tienen la obligación de ejecutar las órdenes de detención que haya pendientes, ésta no sería la primera vez que un país esquiva esta orden, como ha ocurrido con los casos anteriormente mencionados y, más específicamente el del presidente al Bashir quien en 2015 estuvo en Sudáfrica, pero esa nación no lo detuvo con el argumento de que tenía inmunidad por acudir a la cumbre de la Unión Africana.

En caso de darse detención de alguna de las personas en cumplimiento de la decisión de la CPI, la persona sigue un proceso que depende en un primer momento de las instituciones del país donde se haya procedido al arresto. Debe comparecer ante la autoridad judicial competente, que examinará si se han cumplido o no las leyes y si cabe la entrega a la Corte, dentro de un mecanismo que difiere totalmente de la extradición.

Razones

La Corte Penal Internacional consideró que tanto Putin como su comisionada para la infancia, Lvova-Belova son “presuntamente responsables por el crimen de guerra de deportación ilegal de población (de niños) y el traslado ilegal de población (de niños) de las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación de Rusia".

"Los crímenes habrían sido cometidos en territorio ucraniano ocupado al menos desde el 24 de febrero de 2022", sostiene el documento de la CPI que fundamenta las órdenes de arresto.

El líder ruso es presuntamente responsable de manera directa por esos actos y por su "incapacidad de ejercer un control apropiado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos o permitieron que se cometieran", según el comunicado divulgado este viernes.

El diario estadounidense New York Times informó el lunes que el tribunal abriría dos causas contra funcionarios rusos por acciones cometidas en Ucrania. El primero se iba tratar era el del presunto secuestro de niños ucranianos por Moscú y, el segundo, estaría relacionado con el bombardeo deliberado de infraestructuras civiles en Ucrania, como centrales eléctricas y de aprovisionamiento de agua.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, declaró días atrás en su visita a Ucrania que los presuntos secuestros de niños eran objeto de "una investigación prioritaria" porque ellos “no pueden ser tratados como botín de guerra".

Agregó que cuando visitó un centro de cuidados para niños en el sur de Ucrania, éste estaba "vacío, tras la presunta deportación de niños de Ucrania hacia la Federación de Rusia" o hacia otras zonas ocupadas por Moscú.

El tribunal investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la guerra que se acerca a su treceavo mes. Y aunque Rusia ni Ucrania son miembros de la Corte, el gobierno de Kiev aceptó la jurisdicción del tribunal y está colaborando con la oficina de Khan.

Como era de esperarse, Ucrania calificó de “decisión histórica” y “solo el inicio” para hacer justicia por los ‘crímenes’ cometidos por Putin, pero rechazadas por el Kremlin, inclusive por la comisionada contra la que se emitió la orden de detención.

"Está bien que la comunidad internacional haya apreciado el trabajo para ayudar a los niños de nuestro país…Hubo sanciones contra mí de todos los países, incluso de Japón, y ahora una orden de arresto (...), pero seguiremos trabajando", ironizó Lvova-Belova.

Por su parte el expresidente Dmitri Medvédev comparó la decisión judicial con el papel higiénico. "No hace falta explicar dónde debe ser usado ese papel", escribió en Twitter en inglés, junto a un emoticón de papel de baño.

En tanto el canciller ucraniano Dimitro Kuleba celebró la decisión de la CPI señalando que "las ruedas de la Justicia están girando", y aseveró en su perfil de Twitter que "los delincuentes internacionales rendirán cuentas por robar niños y otros delitos internacionales".

Por las razones anteriormente expuestas y en el marco de una guerra que amenaza con escalar, ver al presidente Vladimir Putin en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional es una misión de difícil cumplimiento. /Redacción internacional