Este domingo 1 de julio los mexicanos votarán para escoger un nuevo presidente, senadores y diputados, entre muchos otros cargos de nivel municipal y local.

La jornada, en la que se elegirá al nuevo inquilino de la Residencia Oficial de Los Pinos, se da a unas cuantas semanas antes del cuarto aniversario de un hecho que ensombrece la historia reciente mexicana y el gobierno de Enrique Peña Nieto, que dejará el poder en diciembre próximo: el caso Ayotzinapa.

Se trata de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Su pérdida, atribuida a policías estatales y municipales, ocurrió cuando iban a protestar por un acto político.

Pasados 46 meses, la administración Peña Nieto no ha logrado resolver la incógnita sobre qué pasó con los estudiantes. ¿Cuál es el panorama ante la contienda electoral?

Le puede interesar: ¿Será México la Venezuela del norte de las Américas?

La directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Marcia Aguiluz, le dijo a la Agencia Anadolu que esta coyuntura electoral representa más oportunidades que riesgos para el avance en las investigaciones sobre este caso.

Aunque aclaró que el proceso investigativo está a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), de la que se tienen propuestas para reformar, una nueva administración puede tener incidencia.

“Yo creo que, más allá de riesgos, me parece que son oportunidades, porque lo cierto es que ha habido cuestionamientos muy fuertes en el rol de la PGR en la investigación”, afirmó.

La vocera de Cejil recuerda que actualmente en México no hay ninguna persona que esté siendo acusada por el delito de desaparición forzada, que no se han seguido todas las líneas de investigación y que hay otras líneas indagatorias que están siendo fragmentadas.

“Un eventual cambio de jerarquía podría acoger recomendaciones que han sido dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o por Naciones Unidas, y fortalecer la investigación del caso. O también -precisó-, si el resultado no es favorable y quedan en el poder personas afines a grupos cuyo interés es permanecer en la impunidad, puede ser contraproducente en términos de que la investigación se estanque aún más de lo que se podría avanzar”.

Sin embargo, es difícil saber qué va a dar resultados. “Lo que suceda dependerá de la alta jerarquía que quede electa y la independencia de los órganos estatales”.

Para la Cejil, más allá del caso Ayotzinapa, estas elecciones deben servir para valorar cuál será la postura del nuevo gobierno en aspectos como la violencia, la impunidad o la pobreza, problemas que con el gobierno actual no fueron superados sino profundizados.

“México es un país con grandes desafíos, unos profundizados en el sexenio: un índice global de impunidad del 69%, la mitad de la población en situación de extrema pobreza, un país que acompaña en posición a países con un alto grado de corrupción como Honduras, Guatemala o República Dominicana”, declaró.

Por lo anterior, añade Aguiluz, “desde Cejil nuestro cuestionamiento ante un nuevo Gobierno siempre va a ser cuál es su grado de compromiso con la justicia, con la lucha contra la corrupción y con el derecho y garantía con los derechos humanos”, pues hasta ahora “las estructuras gubernamentales funcionan de una manera en la cual la impunidad es la norma y la justicia una utopía”.

Esta es la misma pretensión que tienen familiares de las víctimas, como Mario César González, padre de César Manuel González, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fundada en 1993 en el estado de Guerrero.

González le confesó a la Agencia Anadolu que aunque existe una constante preocupación por la falta de la verdad, “hay una exigencia que radica en que, en cuanto se conozca el ganador y llegue el nuevo Gobierno, este acate las resoluciones del colegiado y se comprometa a que lo primero que debe hacer es resolver el caso Ayotzinapa”.

Él hizo referencia a una decisión del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito de Tamaulipas, que este jueves ordenó iniciar trámites para crear una comisión de la verdad.

“Afortunadamente unos jueces valientes tuvieron el tiempo de revisar todo el caso y ver todas las anomalías que había de parte de la Procuraduría”, subrayó.

Mire también: López, ¿la tercera será la vencida?

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, corroboró que “la expectativa que se tiene es que quien ocupe la nueva titularidad del Ejecutivo realmente retome lo que han estado demandando los padres y madres, de profundizar, avanzar en las líneas de investigación” que ya están trazadas.

El vocero de la organización manifestó que “hay altas expectativas de que en esta transición que se va a dar con el proceso electoral se pueda arribar a una nueva etapa en la investigación, tomando en cuenta las recomendaciones de la CIDH a través de su mecanismo especial” y otros adelantos en lo que tiene que ver con incluir a las víctimas en el proceso indagatorio.

Por último, declaró que “hay un gran desafío en esta coyuntura, que propicia dos líneas estratégicas para un nuevo arribo del país: hacia una etapa donde se respete la voluntad popular y que al mismo tiempo atienda las demandas más sentidas de justicia que tiene la población, como este caso paradigmático de falta de justicia y verdad”.

Después de 46 meses de la desaparición de los estudiantes, más de 40 padres aún esperan que sus hijos aparezcan con vida, incluido Mario González.