Existen desafíos renovados para Argentina en general, tanto como sociedad civil, como para el gobierno que encabeza el presidente Alberto Fernández (1959 -).  Por supuesto que en toda esta dinámica, es de distinguir entre los factores estructurales, más con énfasis en lo macro y lo estratégico, de aquellos elementos propios de las coyunturas, de sucesos más efímeros y frívolos, tópicos que se ventilan en populares revistas de entretenimiento.

De allí que, al distinguir en medio de los factores estructurales, surge como importante el hecho de que Argentina desarrolla su actividad social y económica con base en modelos agrícolas extractivos. En particular, esto se puso muy de manifiesto durante el gobierno de Mauricio Macri (1959 -) el que cubrió el período de 2015 a 2019.  Evidentemente, la orientación fue la de “re-primarización” de las exportaciones. 

Se trataría de una tendencia general en Latinoamérica. Luego de haber intentado procesos de industrialización mediante la substitución de importaciones (modelo ISI) la región ha vuelto -en particular luego de los años ochenta- a concentrarse en recursos naturales, en bienes de poco valor agregado a partir del sector primario.  Ese es un rasgo predominante en los productos que se venden en el exterior.

Eso se relaciona con un problema estructural que está muy presente en muchos países de la región: se venden bienes de poco valor agregado, los que tienden a disminuir sus precios a lo largo del tiempo. Por otro lado, la región consume bienes caros, de notable valor agregado -tales los casos de medicinas, equipos y tecnología, entre otros.  A partir de vender barato y de comprar caro, la brecha de la balanza comercial se cierra recurriendo a mayores montos de deuda externa. 

Estos serían rasgos esenciales del modelo general de la región que plantean desafíos de fondo al gobierno argentino. En medio de todo esto, es de resaltar que los exportadores agrícolas argentinos se han visto favorecidos con medidas destinadas a favorecer sus modelos de negocio. Al final es indiscutible que se requieren las divisas, son imprescindibles, pero se acentúa la dependencia del financiamiento externo y ello, al final, pasa la factura.

La deuda externa de Argentina ha pasado de cerca de 7,000 millones de dólares en 1975 con Isabelita Perón, a casi 341,000 millones de dólares en 2019 al final del gobierno de Macri.  Hoy en día, la deuda pública estaría rozando el peso de 78% del total de producción anual del país, es decir respecto al producto interno bruto. 

En medio de los manejos políticos y de las urgencias de la inclusión social, ese factor tiene un peso tan permanente como importante en la vida nacional.  En relación con este rasgo, es de subrayar que, por lo general, los modelos basados en exportación de productos primarios, déficit en la balanza comercial y mayor endeudamiento, redundan en mantener o bien ampliar condiciones en las cuales son notables los indicadores de pobreza e inequidad en las sociedades. 

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Esto puede no ocupar los titulares de la gran prensa de forma cotidiana, pero como se ha visto en varios casos -recientemente en Ecuador, la propia Argentina, Guatemala, Nicaragua o bien Colombia- las situaciones pueden desembocar en estallidos sociales peligrosos y trágicos. Son consecuencias de dinámicas añejadas durante largo tiempo. Como es de esperarse en fenómenos sociales, las consecuencias de estos fenómenos son más de largo plazo y los factores responden a causales fundamentales en la sociedad y sus modelos productivos.

Desafíos

Con las condiciones argentinas exacerbadas por la pandemia, puestas de manifiesto con esta crisis, los desafíos se agravan. Veamos dos factores clave. 

Por una parte, el total de producción argentino se derrumbó un 10% durante el año 2020, con el Gran Confinamiento.  A lo largo de los primeros cuatro meses de 2021, la producción crece, pero lo hace aletargadamente.  No recupera niveles de mediados del año anterior.

Por otra parte, de manera complementaria, el índice de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó de marzo de 2020 a ese mismo mes de 2021, en un 44.8% de conformidad con cifras oficiales.  En todo caso, se trata de promedios.  Y como es sabido, las condiciones de la ruralidad son más graves que las de centros urbanos.  De nuevo la debilidad institucional puesta de manifiesto cuando más se necesita.

En el fondo lo que se requiere -entre las complejas consideraciones del desarrollo económico y social- es de promover que las oportunidades estén más al alcance de todos, de generar más productividad. Es aumentar o recuperar la debilidad en la demanda efectiva interna de los mercados internos. 

Se trata de fortalecer la institucionalidad incluyente de los países, de establecer bajos niveles de impuestos a las empresas micro-pequeñas y medianas unidades de producción.  Es de premiar las innovaciones en las grandes empresas, de valorar sus esfuerzos de reinversión.

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Pasan las medidas por establecer sistemas fiscales que fortalezcan las instituciones, a partir de regímenes tributarios eficaces y eficientes en el cobro, transparentes en el egreso o gasto, y progresivos como característica de su naturaleza tributaria.

También se requiere eliminar privilegios de grupo, de presiones políticas que muchas veces se originan en carteles de producción financiando políticos para luego cobrar prebendas.  Se requiere que la población tenga servicios excelentes de salud y de acceso a educación de calidad en todos los estratos.

En Argentina, como en muchos países latinoamericanos se demanda la formulación y ejecución de un Plan Estratégico de Contingencia y Reactivación, en medio de una pandemia que aún no cede, con procesos de vacunación que aún son muy lentos.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor Titular, Escuela de Administración de la Universidad del Rosario

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