Esta semana la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió un informe en el que recomienda investigar en profundidad las denuncias de posibles crímenes contra la Humanidad por la "fuerza excesiva" de la Policía para "dispersar y reprimir manifestaciones" y "graves abusos" a detenidos en Venezuela.
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El 'Informe sobre las actividades de examen preliminar 2020' recomienda un análisis de delitos presuntamente cometidos desde abril de 2017, después de que Tribunal Supremo de Justicia del país dejara sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Si bien esta investigación preliminar no tiene las implicaciones de una realizada en pleno, la noticia fue recibida con júbilo por las toldas antichavistas, que ven como se cierra el cerco contra el dictador Nicolas Maduro y asumen que la CPI puede ser un actor clave para acabar con el brutal régimen que sufren.
El anuncio se produjo pocos días después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) publicara a su vez, un informe que reafirma que existe una base razonable para concluir que el régimen de Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014 y en que condenaba a la Fiscalía de la CPI por su inacción ante estos crímenes.
El documento señala que, desde la publicación del informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad a medida que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes junto con la escasez de alimentos y médicos.
Basándose en el trabajo de la Misión Independiente de Investigación de la ONU en Venezuela, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Organizaciones no gubernamentales, académicos independientes y otras fuentes, el informe alerta sobre la devastadora violencia patrocinada por el estado y la agónica cercanía de un desastre humanitario a gran escala.
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A este respecto el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que “al régimen venezolano se le ha permitido operar con impunidad. Cada día de inacción de la comunidad internacional aumenta el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Hacemos un llamado al Fiscal de la Corte Penal Internacional para que actúe y muestre al mundo que los crímenes de lesa humanidad no quedarán impunes”.
Competencia
Si bien siempre que se denuncian las atroces violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro, el mandatario se retira del organismo que las formula –como se recordará Venezuela abandonó la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e incluso amenazó con salir de la organización de las Naciones Unidas (ONU)–, expertos consideran que el país no puede abandonar o desconocer al tribunal de La Haya para evadir sus responsabilidades considerando que Venezuela ya ha reconocido la competencia de la Corte.
Como se recordará el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, presentó una denuncia en la CPI contra Estados Unidos el 13 de febrero de 2020, argumentando que la política de sanciones ha resultado en crímenes de lesa humanidad y presentó una montaña de pruebas de los supuestos delitos que el país del norte estaría cometiendo contra su población.
La CPI es un tribunal de última instancia y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la Justicia venezolana demuestra realizar investigaciones auténticas sobre los presuntos abusos cometidos por sus fuerzas de seguridad. El problema es que en Venezuela no hay independencia judicial lo que creer que puede intervenir sin estar extralimitándose.
Por otra parte, en una controvertida decisión, en noviembre de este año, la fiscal en jefe de la Corte, Fatou Bensouda, recibió a una delegación de la dictadura integrada por el fiscal general Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Decenas de países democráticos no reconocen a los funcionarios de Maduro como legítimos, razón por la cual este encuentro, con varias fotos públicas, causó revuelo internacional. Sin embargo, se cree que esta reunión hace vinculante la comunicación de la Fiscal, quien informó ahora a la delegación chavista que “existe una base razonable para creer que en Venezuela se han cometido delitos que son competencia de la Corte” y recomienda la investigación preliminar.
Así las cosas, parecería poco probable que Maduro y algunos miembros de su gobierno no tendrán fácil evadir a la CPI en caso de que ésta decida llamarlos a juicio, situación que se estima no sería sino hasta dentro de más de un año.
Violaciones
Según la misión especial de la ONU para Venezuela, “las autoridades y fuerzas de seguridad venezolanas planificaron y llevaron a cabo graves violaciones de derechos humanos desde 2014, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen delitos contra la humanidad”.
“Lejos de ser hechos aislados, estos delitos fueron coordinados y cometidos de acuerdo con las políticas del Estado, con el conocimiento o apoyo directo de los comandantes y altos funcionarios del gobierno”, agregó la presidenta de la misión, Marta Valiñas.
La misión investigó las acciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y documentó detenciones que en realidad fueron “desapariciones forzadas de corta duración”, que incluyeron “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual”.
Según Francisco Cox miembro de la Misión de Investigación de la ONU, las agencias de inteligencia sometieron a opositores o disidentes “a violencia sexual”, así como a “golpizas y descargas eléctricas en los genitales” y agrego que los investigadores encontraron evidencia de que Maduro en ocasiones había ordenado personalmente SEBIN a quién monitorear y detener.
“Tenemos participación y aporte de Maduro en los crímenes, ya sea directamente a través de la cadena de mando” o en ocasiones “dando órdenes directas” agregó.
Finalmente, Cox remató diciendo que “tenemos motivos razonables para creer que ésta es una política de Estado… para sofocar a la oposición”.
El Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA Jared Genser dijo que “la única conclusión razonable a la que se puede llegar al examinar la escala y el alcance de los abusos contra los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la imposición de condiciones de vida diseñadas para causar gran sufrimiento o muerte, es que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad en el marco del Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional”.
Los “crímenes de lesa humanidad” se definen en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que estableció la CPI, como los crímenes allí especificados con la condición de que fueran “cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil con conocimiento del ataque".
Así las cosas y considerando que Venezuela firmó y ratificó el estatuto, razón por la cual tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos en el territorio o por ciudadanos venezolanos desde el 1 de julio de 2002 difícilmente podrá Maduro escapar de las acusaciones y efectivamente podrían llevarlo no sólo fuera del Palacio de Miraflores sino posiblemente a la cárcel.
Vale recordar las palabras del canciller interino de Venezuela Julio Borges quien dijo que “quienes sirven a la dictadura deben entender que la justicia llega, lleva tiempo, pero lo hace, y por eso, es mejor avanzar hacia una transición con garantías democráticas que hundirse con un dictador como Maduro, aún les queda tiempo”.