EL espíritu de ‘reconciliación’ que arguyó el jefe de gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, para conceder indultos a nueve condenados por la intentona independentista de Cataluña tendrá su primera prueba de fuego este martes cuando reciba al presidente de la Generalitat (gobierno de esa región autónoma) en La Moncloa.

La agenda es tan diferente que se prevé que no tendrá punto de encuentro. Mientras Sánchez planteará al dirigente catalán hablar de inversiones, financiación y de medidas en la legalidad, éste solo tiene dos prioridades: amnistía y autodeterminación. Lo que, en otras palabras, son los mecanismos que abrirán paso a un nuevo referendo independentista.

En el ojo del huracán por la concesión de los indultos, con cuestionamientos y críticas inclusive dentro de su mismo partido, el socialista Psoe, Sánchez defiende su decisión por considerar que es la vía mas expedita para entablar un diálogo productivo con los catalanes. Insiste en que la unidad y soberanía de España no es negociable. Sin embargo, vale recordar que en el tema de indultos se mostró contrario meses atrás.

Sánchez alista su reunión con el presidente catalán, Pere Aragonés, este martes con el objetivo de comenzar a trabajar de nuevo en la Agenda para el Reencuentro que ya planteó hace más de un año, y que se compone de propuestas sobre inversiones, financiación y otros asuntos que responden a reclamaciones dentro de la legalidad de anteriores gobiernos catalanes.

A finales de esta semana, el mandatario español señaló que tras haber escuchado ya las "proclamas" y las "reclamaciones de Aragonés y los partidos independentistas que conforman el Govern, ahora es momento de ponerse a trabajar ya sobre propuestas que sí respeten el pacto constitucional en la mesa de diálogo que se retomará próximamente.

"A partir de ahí podemos hablar", afirmó tras recalcar que "el Gobierno siempre va a salvaguardar el cumplimiento de esa legalidad" y que, por ello, en su encuentro con Aragonés volverá a plantearle su Agenda para el Reencuentro, que elaboró el Ejecutivo central en febrero de 2020 tras hacer "el ejercicio de saber cuáles eran las reclamaciones que habían hecho los presidentes catalanes dentro de la legalidad".

Esa agenda, que Sánchez le entregó en persona al entonces presidente de la Generalitat Quim Torra, sirvió de punto de partida para la mesa de diálogo que se constituyó ese mismo mes de febrero de 2020, con una primera y única reunión. Sánchez y Aragonés abordarán también en su reunión cómo y cuándo reanudar ese foro de diálogo.

En aquel documento, con 44 puntos, el Gobierno se comprometía entre otras cosas a estudiar las propuestas tributarias de la Generalitat; una senda de déficit "más transitable"; atender las demandas sobre textos legislativos pendientes de recurso o sentencia; descentralizar ayudas y subvenciones; negociar la unidad de mercado; incluir en la Ley de Educación la normativa que afecta al modelo de escuela catalana e invertir en ferrocarril, puertos y El Prat.

En concreto, aquella propuesta se estructuraba en seis ejes, el primero de los cuales se refería al diálogo político y a la regeneración institucional. En este apartado, Sánchez planteó ya la necesidad de "evitar la judicialización de la política", asumiendo que las soluciones que se busquen en la mesa de diálogo habrán de situarse "en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica".

Sin embargo, Sánchez reconoció que "con Aragonés hay mucho que hablar" y "muchas diferencias que resolver", y también admitió que cada cual tiene derecho a tener sus ideas y a defender sus "proclamas", en relación a las aspiraciones independentistas de ERC y Junts y sus exigencias de celebrar un referéndum de autodeterminación.

Pero Aragonés se apresuró a contestarle que acudirá a La Moncloa para hablar sobre autodeterminación y amnistía. “Esta reunión del martes debe ser el inicio de un proceso de una negociación real para resolver el conflicto político", sostuvo, al tiempo que insistió que la amnistía y la autodeterminación son el paso inicial de esas soluciones porque, según él, es lo que ha votado más del 50% de la población catalana.

"Este será mi planteamiento el próximo martes sin desatender evidentemente otras cuestiones también importantes, como la gestión fondos europeos, en la que queremos tener un protagonismo claro, como otras cuestiones de actualidad que también nos corresponden", ha argumentado.

Ha sostenido que en la mesa de diálogo debe hablarse sobre cómo solucionar el conflicto, y ha apuntado que, si Sánchez quiere poner sobre la mesa otras cuestiones "del día a día", esto se debe abordar en la Comisión bilateral Generalitat-Estado.

Aragonès ha asegurado que espera que en la reunión del martes se comience a planificar la reactivación de la mesa de diálogo y llegar a acuerdos para empezar a definir "metodología y calendario".

Esta reunión coincidirá con la decisión del Tribunal de Cuentas de comunicar una fianza millonaria para 41 cargos y excargos de la Generalitat y Aragonès ha criticado que se trata de una "nueva inquisición económica" contra el independentismo.

Ha advertido de que, pese a que los presos soberanistas hayan sido indultados, "la represión todavía continúa con el Tribunal de Cuentas, que "amenaza con la ruina económica y con la muerte civil" de decenas de personas, y con las otras causas judiciales que todavía quedan pendientes relacionadas con el 1-O.

Considera que resolver estas causas es "absolutamente imprescindible para poder avanzar en una negociación franca, real, honesta" y que se pueda dialogar en igualdad de condiciones.

• Le puede interesar: Han pasado 21 días sin proclamar presidente en Perú

Ofensiva conservadora

En su determinación de “dar la batalla jurídica hasta el final contra los autoindultos trampa" por considerar, al igual que su conservador Partido Popular que "rompen la legalidad y la concordia", Pablo Casado se reunió con el comité jurídico para definir la estrategia a seguir contra la decisión del gobierno socialista.

La acción judicial se basará, fundamentalmente, en el informe emitido el pasado por el Tribunal Supremo, que "se opuso de manera frontal a la concesión de los indultos", según han informado fuentes 'populares'.

El primer paso será la solicitud de legitimación para poder interponer el recurso ante el Supremo, para lo que disponen de dos meses de plazo. Por el momento, la formación no ha precisado qué fechas maneja para ir desarrollando su acción judicial.

A raíz del debate abierto estos días, el PP se siente "legitimado" como partido político para recurrir los indultos después de que el Gobierno de Mariano Rajoy actuará para llevar a los líderes independentistas del llamado 'procés' a la cárcel.

Paralelamente, Pablo Casado recurrirá a "nivel personal" tras ser señalado como posible objetivo de atentado por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR).

• Le puede interesar: Variante Delta amenaza con nueva ola mundial de covid

"El PP, que va a defender la igualdad de los españoles, considera que los indultos son un pago político a los independentistas para que Sánchez pueda permanecer dos años más en La Moncloa", sostuvo el líder conservador.

Por su parte el No.2 del PP, Teodoro García sostuvo que “vamos a intentar buscar todas las fórmulas de legitimación del recurso contra los indultos para presentarlo ante la Sala Tercera del Supremo".

Esta semana los partidos Vox y Ciudadanos (Cs) presentaron sus acciones legales frente a los indultos. El primero ha recurrido como partido, recordando que su formación fue la única que se personó en dicho proceso. Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas y los diputados José María Espejo-Saavedra y Carlos Carrizosa lo han hecho a título individual, basando su legitimidad en que eran quienes estaban "en primera fila" cuando en el Parlament se produjeron los hechos a través de procedimientos "ilegales".

El inesperado ‘perdón’ concedido por Sánchez tiene dividido a los españoles y encendió las alarmas en la Unión Europea, ya que algunos países también enfrentan intentos separatistas.

Sánchez mantiene su proclama de que la tarea es construir convivencia y que “la ciudadanía tiene que entender que lo útil ahora es el perdón. Este último lo concedió a los independentistas que, sin embargo, lo califican de insuficiente y exigirán espacio tanto para una amnistía como un proceso de autodeterminación. Ello vaticina un diálogo de sordos.