EL PRESIDENTE Michel Temer ordenó que las fuerzas armadas dirijan la lucha contra el crimen organizado en el violento estado de Rio de Janeiro, para evitar que esa "metástasis" se siga propagando por todo Brasil.

La intervención federal en el área de seguridad de Rio es una medida inédita desde la restauración de la democracia en 1985 pero que, según Temer, se justifica por el descontrol imperante en el segundo estado más rico de la mayor economía latinoamericana.

"El crimen organizado casi tomó el control" de Rio y se ha convertido en "una metástasis que se propaga por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo", advirtió el mandatario tras firmar en Brasilia el decreto.

La medida, que regirá hasta fines de diciembre, cuando concluya su presidencia, supone que las fuerzas armadas asuman el control total de las operaciones de seguridad y comanden a los distintos cuerpos policiales y el sistema carcelario. Tiene efecto inmediato, aunque en un plazo de diez días el Congreso deberá ratificarla.

El interventor al mando de todas las tropas será el general Walter Souza Braga Neto, actual comandante de la región militar del Este, que se había ilustrado como coordinador de operaciones durante los Juegos Olímpicos de 2016.

La grave situación de violencia en Brasil se vio agravada en Rio por la virtual bancarrota del estado, que paga con meses de atraso los salarios de sus funcionarios, policías incluidos. 

Solo en 2017 hubo más de 18 homicidios intencionales por día en ese estado, según el oficial Instituto de Seguridad Pública (ISP).

Los tiroteos entre traficantes y agentes se volvieron constantes en las empobrecidas favelas cariocas, con muertos por balas perdidas aumentando cotidianamente. 

"No podemos aceptar pasivamente la muerte de inocentes. Es intolerable estar enterrando padres y madres de familia, trabajadores, policías, jóvenes y niños y viendo barrios enteros sitiados, escuelas bajo la mira de fusiles y avenidas transformadas en trincheras", proclamó Temer.

El desencadenante de la intervención de Rio fueron los desbordes del reciente carnaval, durante el cual se multiplicaron los asaltos a mano armada y las agresiones. 

El propio gobernador de Rio, Luiz Fernando Pezao, admitió que las cosas se le habían ido de las manos. "No estábamos preparados", declaró.

El gobierno federal envió en julio pasado 8.500 militares al estado de Rio para apoyar a las fuerzas policiales, sin resultados visibles hasta ahora para contener la guerra entre bandas, el robo de camiones de carga o los "arrastrones" cometidos por decenas de jóvenes contra grupos de personas en las playas o en cualquier punto de la ciudad.