LA CORTE Internacional de Justicia (CIJ) descartó el primero de octubre la petición de Bolivia de renegociar con Chile el acceso al océano Pacífico por 12 votos contra 3. La Paz presentó la demanda en abril de 2013 ante la Haya con la esperanza de instar a Santiago de Chile a sentarse a negociar. El Estado Plurinacional de Bolivia perdió la salida al mar en la Guerra del Pacífico, también conocida como Guerra del Guano y del Salitre (1879-1883). Contienda que inició debido a factores económicos y de soberanía, y que concluyó con la derrota de las Fuerzas Armadas de Perú y con la adquisición de territorio Boliviano por parte de Chile (120.000 Km2 incluyendo 400 Km de costa). Desde entonces, Bolivia se convirtió en el segundo país sin costa en América del Sur, después de Paraguay.

Intentos Fallidos

La demanda presentada ante la CIJ no ha sido el único intento de La Paz para recuperar el territorio perdido, y más importante aún, su salida al Océano Pacífico. La base de la reclamación Boliviana es que Santiago de Chile se ha comprometido en repetidas ocasiones a establecer conversaciones respecto a la salida al mar del Estado Plurinacional. Dentro de los argumentos presentados, está que si bien el tratado de Paz y Amistad (1904) establece la frontera actual entre ambos países; 15 años después, el signatario chileno del tratado, el Canciller Emilio Bello Codesido, reconoció la aspiración de Bolivia a tener salida al Océano Pacífico como legítima.  Sugirió, además, que se podría ceder una zona al norte de Arica.

En 1950, ambos países intercambiaron notas diplomáticas tocando el tema. En una de las notas, el Canciller Chileno Horacio Walker Larraín expresó la voluntad de instaurar formalmente una mesa de negociación para poder habilitar una salida soberana a Bolivia hacia el Océano Pacífico. A cambio, la República de Chile obtendría compensaciones no territoriales pero que respondieran a sus intereses. Se sugirió la creación de un corredor al norte de Arica de aproximadamente 10 Km de ancho a cambio de que Chile pudiera utilizar las aguas del lago Titicaca, del río Desaguadero y del lago Poopó para generar energía hidroeléctrica. Esta iniciativa fue rechazada por el nuevo gobierno de Chile.

El tercer intento se dio en 1975. El presidente chileno Augusto Pinochet y el mandatario Boliviano Hugo Banzer se reunieron en Bolivia para firmar el Acta de Charaña. En esta, Chile consintió  dar una compensación histórica a La Paz y ceder una franja de su territorio (entre Arica y la frontera con la República de Perú). A cambio Bolivia le daría a Santiago de Chile una porción equivalente en territorio. Sin embargo, Chile no consultó esa decisión con Lima. Este tipo de consultas fueron pactada en el Tratado de Lima de 1929. Como resultado, Perú rechazó la propuesta y planteó que los tres países administraran el Puerto de Arica y el mar frente a esa ciudad. Ni el mandatario Boliviano ni el Chileno aceptaron. La Paz rompió relaciones con Santiago de Chile en 1978.

El cuarto intento surgió en la Agenda de los 13 puntos plantada entre Michelle Bachelet (mandatario chileno) y Evo Morales (Presidente de Bolivia). En esta se incluía el tema marítimo. Con el cambio de gobierno en Santiago, el canciller Chileno volvió a recalcar que su país no tiene temas fronterizos pendientes con Bolivia y como resultado las negociaciones terminaron. Esta última negativa Chilena impulsó a La Paz a presentar la demanda ante la Corte Penal Internacional.

El Fallo de la Corte

Los jueces de la corte se negaron a dictaminar la obligación de la República de Chile a sentarse a negociar. Sin embargo, instaron a ambas partes a continuar con el diálogo. Tras el fallo, Claudio Grossman, representante chileno ante la CIJ, calificó la demanda como pretenciosa y estableció que las aspiraciones de La Paz “fueron de una manera muy rigurosa rechazadas”. El mandatario chileno constató que Evo Morales, actual Presidente de Bolivia creo “falsas expectativas… grandes frustraciones a su pueblo”.

El veredicto de la Corte era muy esperado por el pueblo Boliviano. El acontecimiento fue reproducido en vivo en pantallas  gigantes y se organizaron vigilias en varias ciudades. La frustración se sintió en las calles bolivianas. Después del Fallo Evo Morales expresó con optimismo que "si bien no hay una obligación de negociar, hay una invocación a seguir continuando el diálogo".

Los repetidos intentos de La Paz para sentarse a negociar demuestran su determinación para lograr la salida al mar. Aunque Bolivia cuenta con una Armada nacional y tiene un acuerdo con Chile para utilizar los puertos chilenos, sus aspiraciones van hacia la obtención de soberanía. Morales se vió en la necesidad de acudir a la Corte por la falta de voluntad política chilena. El inconveniente es que para Bolivia la obtención de la salida al mar es una política de Estado, y para Chile es de gobierno. Es decir, la disposición de Santiago varía dependiendo del mantadario que esté en el poder, mientras que la de La Paz es constante. En el futuro cercano no hay mayor probabilidad de que ambas partes se sienten a negociar.

Chile y Bolivia tienen otro trámite ante la CIJ por el uso de las aguas del río Silala. Santiago presentó la demanda en 2016 arguyendo que este es un río internacional. Bolivia, por su parte, lo considera como un manantial, lo cual limita las posibilidades de uso de estas aguas.