Como una alternativa para hacer frente a la problemática de agua que afrontan algunos municipios del norte y occidente de la Sabana de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Gobernación de Cundinamarca suscribieron un convenio para la realización de estudios, análisis y mediciones de aguas subterráneas, con miras a la construcción de pozos profundos para el abastecimiento hídrico de estas zonas.
Lo cierto es que esta alternativa ha suscitado opiniones encontradas por cuenta de los riesgos que representa tal práctica. Bajo esta premisa, EL NUEVO SIGLO habló con expertos de las universidades Politécnico Grancolombiano y Jorge Tadeo Lozano sobre la viabilidad de esta alternativa y los aspectos a tener en cuenta.
Andrés Chavarro, docente de gestión ambiental del Politécnico Grancolombiano, explicó que es comprensible el convenio en cuestión para hacer frente a los desafíos del cambio climático que empezamos a ver desde hace algunos años, pero en particular desde este 2024.
“La idea como tal tiene mucho sentido. Desde otro punto de vista, es evidente que, de acuerdo con todos los estudios sobre evaluación regional del agua y el Estudio Nacional del Agua, efectivamente sí se encuentran depósitos de aguas subterráneas y acuíferos con volúmenes muy significativos de recurso que no se han explorado. Sin embargo, vale la pena hacer algunas observaciones, no tanto para que no se haga, sino para que se haga con el mayor cuidado, porque efectivamente hay riesgos asociados al uso de ese recurso”, advirtió.
El experto indicó en primer lugar que la experiencia mundial basada en los países que han hecho uso de las fuentes de agua subterráneas, demuestra que ha habido una sobreexplotación del recurso.
“Esto pasa porque el agua se extrae mucho más rápido de lo que los acuíferos son capaces de recargarse. Las sociedades no saben parar. Se debe hacer una extracción sostenible del recurso, es decir, que no se pueda superar la capacidad de recarga. Eso requiere unas mediciones muy precisas y concienzudas, y sobre todo voluntad política para respetar los resultados que dé la ciencia. Que no haya divergencia de conceptos”, puntualizó.
En este sentido, señaló que los costos asociados a la extracción de aguas subterráneas son elevados en términos, por ejemplo, energéticos. Otro riesgo asociado es la desestabilización de los terrenos, puesto que gran parte de las aguas subterráneas se ubican en depósitos donde hay que atravesar roca para poder acceder a ellos y eso significa, según explicó el experto, que en temas geotécnicos podría haber unos riesgos significativos.
“La contaminación de los acuíferos también incrementaría los costos, puesto que son cuerpos hídricos muy sensibles a la contaminación. Una vez se contaminan, por ejemplo a través de temas de infiltración por riego agropecuario, limpiarlos es muy difícil. Otro elemento que también aumenta el costo de la extracción es que son aguas muy cargadas de metales y de otras sustancias, es decir, la potabilización de esas aguas es costosa y eso influiría en la viabilidad de ese tipo de extracción. Si hay un recurso, siempre y cuando haya una explotación sostenible, se puede hacer, pero hay que tener cuidado, porque si se hace una evaluación estratégica ambiental completa, es posible que los costos superen los beneficios. Hay un riesgo político de que se subestimen los costos para poder llevar a cabo la acción y 20 años más adelante, o menos, de comenzar la extracción, empezamos a ver las consecuencias”, advirtió.
Impacto de la alternativa
Diana Cristina Díaz, directora del Área de Ciencias Básicas y Modelado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, señaló que si bien esta estrategia presenta ventajas significativas, su implementación debe enmarcarse en un enfoque de gestión sostenible del recurso hídrico.
“Según datos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), utilizando solo el 10 % de las aguas subterráneas disponibles, se podría satisfacer la demanda hídrica de la región durante los próximos 100 años. Actualmente, el consumo autorizado mediante concesiones asciende a 15.580 m³/día, lo que representa apenas el 0,46 % del total del agua consumida en Bogotá. Estos datos indican que el acuífero tiene la capacidad para ser una fuente complementaria confiable si se gestiona adecuadamente”, enfatizó.
Para este fin, señaló que se debe tener en cuenta que estamos viviendo escenarios climáticos no registrados en el pasado, con un acelerado aumento de la temperatura del aire y cambios en la variabilidad espacio-temporal de las precipitaciones que podría en el futuro modificar también la actual dinámica de los pozos.
“Los estudios hidrogeológicos que acompañen esta iniciativa deben garantizar que la extracción no supere las tasas de recarga natural. En el caso de la Sabana, la recarga proviene principalmente de la infiltración de agua lluvia, cuya eficiencia se ha reducido debido a la urbanización. Un dato preocupante es que el 40 % del suelo de recarga en el área metropolitana de Bogotá ha sido cubierto por concreto y asfalto; eso, sumado a los mencionados cambios en las condiciones climáticas, deben ser factores críticos a considerar en los modelos y simulaciones. Para Bogotá, un dato que evidencia el impacto de estos cambios es que el caudal del río ha disminuido en un 18 % en las últimas dos décadas”, advirtió.
La experta indicó además que en la Sabana más del 12% de los municipios enfrentan estrés hídrico severo, por lo que estas comunidades deben ser priorizadas en los planes de abastecimiento. “Este enfoque garantizará no solo el abastecimiento hídrico en el corto plazo, sino también la sostenibilidad del recurso para las generaciones futuras. En el caso del acuífero de la Sabana de Bogotá, estudios de la CAR indican que la extracción actual representa menos del 1 % de su capacidad potencial. Esto muestra que, con una planificación adecuada, el riesgo de sobreexplotación es controlable, de nuevo si el enfoque es de un manejo sostenible del agua”, reiteró.
Un derecho fundamental
Por último, Ramón Aguilar, docente de gestión ambiental del Politécnico Grancolombiano, enfatizó que este acuerdo busca el abastecimiento sostenible, especialmente de recursos hídricos, y hasta ahora está en estudios preliminares.
“Ya muchas empresas tienen una concesión de aguas en donde se extraen bajo perforación muchos de estos acuíferos en los nidos de freáticos, por lo tanto es muy importante tener en cuenta que esta agua subterránea ya está siendo utilizada, especialmente por el componente privado con un permiso de aprovechamiento de aguas por parte de las corporaciones autónomas regionales. Entonces lo que se busca es tener unos lineamientos muy claros bajo la política nacional de recursos hídricos y además sobre el Plan de Manejo de Acuíferos que tenemos dentro del territorio”, explicó.
El docente concordó con sus colegas en que la mayoría del agua de subsuelo o de acuíferos o de niveles freáticos es muy difícil de potabilizar, porque viene generalmente con trazas férricas de magnesio por fenómenos naturales que se dan en el interior especialmente del subsuelo.
“También sería muy interesante que la Corporación Autónoma Regional pueda hacer evaluaciones, por ejemplo de aguas de niebla, que ya son proyectos que se están haciendo en otros territorios, como en La Guajira, para abastecer esos sistemas naturales que tenemos. En estos convenios que se van a llevar a cabo, debe estar toda la parte sociocultural, estudio de suelos, hidrología, geología, hidrogeología, inclusive fauna y flora, para mirar posibles afectaciones por la extracción del agua y cómo esos componentes se definen, especialmente con el agua superficial y subsuperficial que tenemos en las microcuencas y macrocuencas. La viabilidad tendrá que pasar por muchas evaluaciones para solventar ese impacto ambiental que se puede generar con la extracción de agua subterránea”, concluyó.