El fiscal general de Venezuela, Tarek Willian Saab, ha acusado a la activista hipanovenezolana Rocío San Miguel de ser la encargada de coordinar y trasladar material de comunicaciones de la trama golpista Brazalete Blanco cuyo fin último era matar al presidente Nicolás Maduro.

La operación Brazalete Blanco preveía un ataque 21ª Brigada de Infantería del Ejército en el estado de Táchira para hacerse con armamento para matar al gobernador estatal, Freddy Bernal, y provocar una escalada del conflicto hasta llegar a Caracas y matar a Maduro, siempre según la Fiscalía General venezolana.

"Es incompatible que un defensor de Derechos Humanos esté involucrado en acciones de asaltar cuarteles y acciones magnicidas", ha declarado Saab.

El fiscal ha explicado que San Miguel aparece en la "orden de operación" del plan, concretamente en las páginas 3 y 5, donde se menciona que sería la "encargada de de coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación".

Además San Miguel sería el enlace con algunos de medios de comunicación digitales para "que comuniquen al pueblo venezolano y ala comunidad internacional" los resultados de la operación y demostrar a los "países aliados" los avances.

La documentación incautada a San Miguel en su domicilio incluye mapas con información exclusiva del Estado, incluido un mapa del Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia venezolana, entre otros 23 mapas cartográficos con coordenadas de instalaciones militares.

Así, hay un mapa de Puerto Cabello y Borburata, con ubicaciones de zonas de seguridad, ha explicado Saab. "Para hacer estas demarcaciones se unieron dos mapas distintos. Se trata de una tarea compleja, pues se realiza mediante coordenadas geográficas que incluso se adentran en el mar", ha apuntado.

Saab ha indicado que los familiares de la hispanovenezolana han reconocido que dichos materiales eran de San Miguel y que ella tenía un "protocolo" para hacer desaparecer estas pruebas en caso de ser detenida que no habría funcionado.

También tenía listados de mandos militares venezolanos con "perfiles". "De sus comunicaciones se desprende que posee de todo el personal militar", ha referido Saab.

San Miguel, siempre según Saab, había recibido un pago "en dólares" de una empresa petrolera trasnacional por "un análisis de entorno". También habría suministrado información "a un embajador europeo sobre el fortalecimiento de los sistemas de defensa antiaérea del país". Hubo "intercambios similares" con embajadas de otros tres países.

"Su ONG es una fachada para hablar mal en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Incluso hay declaraciones de ella pidiendo sanciones contra el Estado venezolano", ha apuntado.

Además, Saab ha asegurado que otro de los detenidos por esta trama golpista, el exmilitar Anyelo Heredia, tenía el contacto de San Miguel en su agenda telefónica. "Más que una defensora de Derechos Humanos, parece ser un agente (...). (Era una) espía, a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones contra la soberanía nacional", ha remachado.

Expulsión de oficina de ONU

El fiscal general venezolano ha subrayado que el de San Miguel no es un caso de desaparición forzada y que sus familiares han podido visitarla este fin de semana.

Sus familiares "pudieron visitarla y hasta hoy siguen diciendo que es un caso de desaparición forzada". "Es indignante y una burla. Es una ofensa a los defensores de Derechos Humanos que arriesgan su vida", ha argumentado.

Saab ha explicado que la suspensión durante 30 días al personal de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se debe a las denuncias de "desaparición forzada".

"A pesar de saber que Rocío San Miguel fue aprehendida y sería presentada, seguían manteniendo la tesis de la desaparición forzada. Eso es ofensivo, por eso el Estado decidió suspender por 30 días a esta oficina", ha explicado.

"Mienten de forma tan brutal que se les cae todo, porque ni siquiera saben el concepto de una desaparición forzada. Las desapariciones forzadas, en la mayoría de los casos, culminan en la tragedia que es el asesinato. Eso ocurría aquí en los 60, 70, 80 durante la democracia puntofijista", ha añadido.

Igualmente ha recordado que la ACNUDH ha solicitado expedientes sobre el asesinato del rapero Canserbero, sobre casos de corrupción, delincuencia organizada o delitos comunes. "Es realmente sorprendente que se pida causas de este tipo totalmente ajenas a la defensa de Derechos Humanos", ha argumentado Saab.