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En su último informe, la Defensoría del Pueblo reveló que, durante el año anterior, se documentaron 145 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el territorio nacional.
De acuerdo con el documento, los departamentos con mayor número de crímenes contra los representantes de comunidades fueron Antioquia con 24, seguido de Cauca con 22, luego aparecen Norte de Santander, Putumayo y Nariño donde ocurrieron nueve casos, lo que representa el 70% de las ejecuciones contra estas personas.
Asimismo, el Ministerio Público identificó que durante los meses de enero, mayo y octubre se registró la mayoría de homicidios en contra de líderes sociales, defensores de derechos humanos y del medioambiente en el país.
Frente al índice registrado en 2020, la Defensoría reportó que hubo una disminución del 50% de este tipo de hechos violentos contra las comunidades, ya que en esa medición se documentaron más de 182 ataques criminales contra líderes y defensores del país.
Por departamentos, Cauca pasó de registrar 44 a 22, mientras que en Putumayo y Norte de Santander se redujo este tipo de homicidios en un 30%, pasando de 13 a nueve asesinatos.
No obstante, regiones como Valle del Cauca y Antioquia tuvieron un incremento considerable en el número de asesinatos contra líderes sociales con respecto a 2020, reportando el 40% y 12%, respectivamente.
La Defensoría agregó que, durante el año anterior, se logró detectar que en todos los lugares en los que ocurrieron estos hechos violentos, se habían emitido alertas tempranas a causa de la presencia de grupos armados ilegales y los temores que esta representaba para las personas que ejercían algún tipo de liderazgo.
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La alerta más reciente fue en 21 comunas y 16 corregimientos de Cali, donde se brindaron 40 recomendaciones para la protección de la población civil.
“Hemos querido adelantar este trabajo acucioso por más de 10 meses. El propósito es convocar a toda la institucionalidad para buscar soluciones y dar acciones preventivas que permitan mitigar cualquier riesgo a la población”, argumentó Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
Entre los principales factores de riesgo identificados por la Defensoría del Pueblo destacan el monopolio de carteles del narcotráfico; el conflicto armado híbrido en el que convergen estructuras del crimen organizado; las células urbanas de grupos guerrilleros y la recepción de población víctima y migrante.
De otro lado, el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) también reveló que, durante los 12 meses del 2021, fueron asesinados 168 líderes y lideresas en el país, lo que corresponde a una diferencia de 23 casos respecto al informe de la Defensoría del Pueblo.
Vale destacar que entre los líderes ejecutados se encuentran 26 mujeres; los delitos ocurrieron en 108 municipios de 25 departamentos. Asimismo, la organización mencionó que 48 firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados, entre ellos cuatro mujeres. Estos hechos violentos sucedieron en 39 municipios de 15 departamentos.
Cabe recordar que la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia registró 78 víctimas, de las cuales 30 fueron asesinadas en el departamento del Valle. Sin embargo, explicaron que la cifra no representa la totalidad de los homicidios.