La minería ilegal está acabando con los ríos en Colombia y ha llegado a tal punto su nefasta influencia que hoy cerca del 85% del oro que está exportando Colombia es producto de esa actividad. Así lo alertó la Contraloría General de la República (CGR) al presentar un balance de sus acciones de control fiscal y seguimiento a los principales daños ambientales del país.  

El contralor delegado para el Medio Ambiente, Gabriel Adolfo Jurado, dijo que “en comparación con el negocio ilícito de la cocaína, donde el kilo de coca puede estar en el mercado de Colombia por alrededor de los $5 millones, un kilo de oro ilegal está por el orden de $250 millones, lo que ha hecho que este negocio se haya disparado y hoy esté contaminando de una manera crítica, no solamente el río Atrato en el Chocó sino también muchos otros ríos, lo que beneficia solamente a unas cuatro a cinco grandes organizaciones criminales”.

Y la situación no para ahí: el 66% de la minería ilegal en Colombia se hace en zonas de reserva, en Parques Naturales y en Reservas Forestales. El delegado de Medio Ambiente habló de lo que sucede en los ríos del país, producto de la explotación ilícita de minerales, que llenan los bolsillos de unas organizaciones criminales que están captando este recurso sin importarles la contaminación que le producen a los recursos hídricos, con minerales pesados como el mercurio, el cianuro y otros que utilizan en tal actividad.

Deforestación

Para Jurado, Colombia está en presencia de una masacre ambiental, ante el creciente fenómeno de la deforestación. En el año 1990, el país tenía cerca de 65 millones de hectáreas de bosque y hoy, 32 años después, se está llegando a 59 millones de hectáreas. Es decir, se han perdido más de seis millones de hectáreas. 

Para ser más gráficos, Colombia pierde al día 500 hectáreas de bosque, que para dimensionarlo son un área similar a la de 1.000 estadios tan grandes como El Campín de Bogotá, aseguró. La situación se presenta sobre todo en la Amazonía y el departamento del Chocó.  

Explicó que esta masacre ambiental se está generando básicamente por algunas situaciones como la expansión ilegal de la ganadería, inclusive en Parques Nacionales Naturales, como Chiribiquete y Los Picachos, por parte de bandas criminales organizadas.  

Otro factor detonante son los cultivos ilícitos, grandes responsables de la deforestación en la Amazonía y en zonas del Chocó y el sur occidente del país, como Tumaco, en el departamento de Nariño.

Para el contralor delegado de Medio Ambiente, el gran reto que tiene el Estado colombiano no es solamente evitar que los bosques o los recursos naturales se dañen, sino perseguir económicamente a quienes producen estos daños. “El reto que viene en los próximos años es perseguir los bienes que tienen escondidos estas mafias o a través de testaferros, o quizá algunos en el exterior”, anotó.

“Todos los grupos delincuenciales organizados hacen esto por dinero y la única forma de resarcir los daños ambientales que producen es persiguiendo esa plata, para que una vez se decomise, o entre a las arcas del Estado, se utilice a manera de reparación”, subrayó.

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Algunas CAR

Jurado expuso, igualmente, otros temas de afectación ambiental. Dijo que la situación del recurso hídrico es crítica y se refirió luego a los resultados de las auditorías a la CAR. Afirmó al respecto que se han encontrado corporaciones que manejan mucho dinero y lo tienen guardado en títulos financieros, sin ejecutar esos recursos. También se encuentran inversiones ambientales mal hechas y sin planeación, agregó.

En cuanto al Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente (Ierna) 2021-2022, que se publicará próximamente por parte de la CGR, anticipó que el mismo se refiere precisamente a la situación de deforestación absolutamente crítica y grave que enfrenta Colombia y a la contaminación de los recursos hídricos producto de los fenómenos de minería ilegal criminal.

Además, el informe señala la necesidad de que Colombia cumpla los compromisos internacionales de descontaminación y de limpieza de los recursos hídricos, que ha adquirido como Estado.