La Corte Suprema de Colombia abrió dos investigaciones contra el congresista David Racero por presunto cobro de dinero a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y supuesta solicitud de puestos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
La primera investigación se centra en un escándalo relacionado con el cobro de dinero a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Según las denuncias, Racero habría exigido a su equipo financiero que le entregaran parte de sus salarios para saldar deudas personales.
Los detalles indican que una cantidad significativa se habría destinado a cubrir una deuda relacionada con una tarjeta de crédito. Una de las pruebas más impactantes es un recibo que muestra una transferencia de $5.320.000 realizada el 24 de diciembre de 2018 desde Puerto Carreño a la cuenta de Racero. Esta transferencia fue hecha por Yidis Gahonai, integrante del UTL, lo que plantea dudas sobre la naturaleza de la transacción.
Además, se reveló que el 22 de diciembre de 2019, otra miembro de la UTL, Viviana Moreno, transfirió 4 millones de pesos a la cuenta del padre del congresista, Jorge Racero.
La segunda línea de investigación involucra denuncias sobre interferencias en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Según las acusaciones, Racero habría solicitado puestos dentro de esta entidad a cambio de favores o beneficios.
“Acá hay presuntas conversaciones con el director del Sena y estarían relacionadas con el proceso de contratación de personal, supuestamente intermediadas por un familiar del congresista”, señaló una fuente de la Corte para El Tiempo.
Según su presunta conversación que tuvo lugar por una plataforma e mensajería, el congresista mantuvo conversaciones con Jorge Londoño, exsenador del partido Verde, donde discutieron cómo repartir posiciones dentro de la entidad.
La Corte Suprema también está evaluando esta situación, buscando establecer si hubo alguna irregularidad en la asignación de empleos dentro de la entidad.