La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra el representante a la Cámara, David Ricardo Racero Mayorca, por la presunta solicitud de dinero a personas que hicieron parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, según información publicada en medios de comunicación, el parlamentario habría pedido a una de sus asesoras parte de los ingresos que devengaba en su momento.

De igual manera, el legislador al parecer impartió órdenes a otro de sus subalternos, que igualmente hacía parte de su UTL, para que se apartara de sus deberes funcionales y atendiera un mercado de frutas y verduras, negocio particular del cual era propietario.

Con el desarrollo de esta etapa procesal y la solicitud de pruebas hecha por el ente de control se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si el servidor actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Demanda contra elección de David Racero

Como ya se sabe, el pasado 17 de junio, el Consejo de Estado admitió una demanda que busca anular la elección del representante a la Cámara, David Racero, por supuestamente haber excedido el límite legal de gastos de campaña durante las elecciones al Congreso en el año 2022.

En el acta, el demandante recalca que, según las normativas del Consejo Nacional Electoral para el año en cuestión, el tope permitido para la campaña electoral era aproximadamente de 20.100 millones de pesos. Esto significa que cada candidato del Pacto Histórico, al cual pertenece David Racero, tenía asignados 1.116 millones de pesos como límite máximo de gastos.

Sin embargo, parece ser que el parlamentario habría invertido cerca de 2.500 millones de pesos en su campaña. Es decir, habría superado significativamente el límite establecido por la entidad.