Por presuntas irregularidades en el procedimiento de traslado de internos ante la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, la Procuraduría General de la Nación le abrió investigación disciplinaria al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Norberto Mujica.

El ente de control busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias denunciadas por la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso sobre una presunta omisión del general Mujica en su deber de proteger los derechos a la salud y a la vida de las personas privadas de la libertad.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, así como el posible perjuicio causado a la administración pública.

El investigado podrá solicitar ser escuchado en versión libre.

Agilizar excarcelaciones

De otra parte, la Procuraduría exhortó al Ministerio de Justicia y del Derecho a priorizar, en conjunto con las autoridades judiciales competentes, los casos donde pueda aplicar la legislación penal ordinaria para hacer efectivos los derechos y beneficios de excarcelación en las personas privadas de la libertad, con el propósito de prevenir y mitigar la propagación del Covid-19 en la población carcelaria.  

En comunicación a la ministra Margarita Cabello, el ente de control precisó que de acuerdo con información suministrada por el Inpec, actualmente permanecen bajo el régimen carcelario 1.565 personas, pese a haber cumplido la pena impuesta; 13.742 ya cumplieron las 3/5 partes de su sentencia, 846 sufren una enfermedad catastrófica, 13.465 fueron sindicados de delitos hace más de un año y 72 están pendientes del brazalete electrónico.

El Ministerio Público precisó que para los casos de personas con enfermedades catastróficas es necesario garantizar la intervención de profesionales idóneos que determinen sus condiciones de salud, en caso de no contar con las certificaciones respectivas expedidas por el Sistema de Seguridad Social.

El órgano de control, a través de las procuradurías judiciales penales, en conjunto con la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales, constituirá comités de trabajo para identificar los casos donde se puedan hacer efectivos esos derechos y realizar las solicitudes respectivas.

Toma de muestras

 La Procuraduría requirió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), así como al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 información sobre la ruta de intervención y el cronograma establecido para la toma de muestras de Covid-19 en los establecimientos carcelarios del país, con prioridad en aquellos donde se han presentado brotes del virus como Villavicencio, Guaduas, Florencia, y La Picota, en Bogotá.

Los datos suministrados deberán contener la fecha de la toma, tipo de muestra, entidad que la realiza y transporta, así como el laboratorio al que se envía.

El Ministerio Público también solicitó un reporte semanal del número de muestras tomadas, establecimientos penitenciarios donde se practiquen y los resultados que arrojen. En los casos reportados como positivos, se deberá indicar la ruta de atención sanitaria y las medidas que se adopten.