La Unión Sindical Obrera (USO) ha solicitado respuestas urgentes a Ecopetrol sobre su presunta relación con grupos paramilitares y su supuesta participación en actos de violencia en el Magdalena Medio, tras las revelaciones publicadas el 5 de noviembre de 2024 por el diario El Espectador. En un comunicado, la USO calificó de “muy graves” estas acusaciones y exigió a la petrolera asumir su responsabilidad en los hechos denunciados.
Según la investigación de El Espectador, un miembro de grupos paramilitares conocido como alias "Pepo" habría participado en la masacre de ocho personas en Barrancabermeja el 28 de febrero de 1999. El informe indica que, meses después de la masacre, Ecopetrol contrató a ‘Pepo’ y lo incluyó en su nómina. Este episodio, de acuerdo con la USO, se suma a otros testimonios que señalan a funcionarios de la empresa estatal de estar involucrados en labores de infiltración dentro de la USO, contratando exmiembros de las Fuerzas Militares para identificar supuestos "subversivos" en la organización sindical.
En su declaración, la USO también hizo referencia a José Eduardo González Sánchez, ex subjefe de seguridad de Ecopetrol, quien habría sido contratado para ejecutar esta infiltración. Según el sindicato, varios de estos exmilitares “pasaron luego a las filas paramilitares como comandantes, justo en el momento en que nuestra organización sindical sufría un feroz genocidio a manos de agentes del Estado y de las organizaciones paramilitares”.
El sindicato exige que Ecopetrol y el gobierno nacional revelen la verdad completa sobre estos incidentes, los cuales, afirma, constituyen “crímenes de lesa humanidad”. En sus palabras, “ya es hora de que el gobierno nacional y las directivas de la estatal petrolera le cuenten al Sindicato, a los familiares de nuestros compañeros asesinados y al país, la verdad sobre las razones y pormenores de estas prácticas genocidas”.
La USO también enfatiza que Ecopetrol debería comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a pesar de que esta comparecencia es voluntaria. El sindicato argumenta que “la política de la petrolera no debe ser la de evadir responsabilidades, callar y omitir el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos”. Además, exige a la empresa desclasificar todos los archivos y entregar la información requerida para esclarecer la situación, encontrar a los desaparecidos y garantizar una reparación completa a las víctimas, incluidas las familias de los miembros del sindicato que fueron asesinados.
El comunicado también critica fuertemente la respuesta de Ecopetrol a las acusaciones, calificándola de “vergonzosa” e inaceptable. La USO rechaza esta postura y reafirma su pedido de transparencia: “Esconder la verdad debajo de la alfombra no va a absolver a Ecopetrol; es la verdad y la memoria la que posibilitará la reconciliación en nuestro país y en el Magdalena Medio”.
La USO insta a Ecopetrol a cambiar su postura, asumir su responsabilidad y contribuir a la reconciliación en Colombia a través del esclarecimiento de estos crímenes.
Comunicado
