Al Eln se le debe exigir un cese definitivo de sus acciones violentas contra el Estado y contra la sociedad civil, dijo.

Para el excongresista el proceso liderado por Santos no ha propiciado la reconciliación nacional, sino más bien la polarización del país. Manifestó que, en sintonía con la CPI, la JEP debe imponer penas intramurales a los responsables de crímenes de lesa humanidad. También dijo que al Eln se le debe exigir un cese definitivo de sus acciones violentas contra el Estado y contra la sociedad civil

EL NUEVO SIGLO: A hoy, faltando diez días para que se posesione el presidente electo Iván Duque ¿Cuál es su corte de cuentas del proceso de paz adelantado por el gobierno Santos?

ALFREDO RANGEL: La paz de Santos es en muchos aspectos un gran fracaso.

Como resultado de esa paz el narcotráfico está disparado. Nunca antes había existido tanto narcotráfico en Colombia. Los grupos irregulares vinculados todos al narcotráfico se están multiplicando: el Eln ha crecido, las bandas criminales igual, las disidencias de las Farc siguen creciendo y se están articulando a nivel nacional.

Como resultado de ese incremento del narcotráfico, según la Fiscalía, por primera vez crece el homicidio después de estar cayendo.

Adicionalmente esa paz de Santos no ha propiciado la reconciliación nacional, sino más bien la polarización del país. La mayoría de los colombianos rechazó los acuerdos de La Habana en el plebiscito que se realizó para indagar sobre la aprobación ciudadana. Sin embargo, el gobierno se dio mañas para hacer aprobar en el Congreso lo que el pueblo rechazó en las urnas y adicionalmente la mayoría del pueblo colombiano sigue rechazando la impunidad que se le va a dar a las Farc, porque los principales responsables de crimines de guerra y crímenes de lesa humanidad no van a pagar ni un solo día de cárcel. Basta con que reconozcan sus delitos para que les pongan unas sanciones ridículas, como sembrar lechugas los sábados por la mañana, mientras el resto de la semana están en el Congreso, disfrutando de unas curules que les dieron absolutamente gratis.

ENS: ¿Qué pasó con la implementación de los acuerdos? ¿Se les cumplió a los excombatientes?
AR: Ha habido un escándalo muy grande debido a la corrupción que se ha apoderado de la implementación de los acuerdos de paz. Han sido múltiples las denuncias acerca del mal manejo de esos recursos, de la ineficacia en la ejecución de los programas de reinserción, incluso de los programas económicos para los reinsertados.

Todo eso ha sido hasta ahora un rotundo y absoluto fracaso. Parece ser que el único éxito de esa gestión de Santos es la imagen falsa que ha vendido en el exterior, pero los colombianos que no se dejan engañar ven realmente todas las falencias que han tenido los acuerdos de La Habana.

ENS: Dada la realidad constitucional del acuerdo ¿Cuál es el margen real que tiene un gobierno entrante para ajustarlo?

AR: Jurídicamente las cosas se deshacen como se hacen, y es totalmente posible modificar el acto legislativo número uno para que, por ejemplo, los criminales de lesa humanidad de las Farc no ocupen sus curules, sino hasta tanto al menos hayan cumplido las sanciones que se les van a imponer.

De otro lado, también se puede mediante esas modificaciones del acto legislativo número uno, señalar que los delitos de lesa humanidad deben tener penas proporcionales a su gravedad, como lo ha establecido la misma Corte Constitucional, lo cual significa penas de privativas de la libertad que podrían ser en colonias carcelarias, eso es absolutamente posible mediante reformas constitucionales tramitadas en el Congreso.

ENS: La JEP está a meses de producir su primera sentencia ¿Cree que la CPI avalaría un fallo de la JEP bajo este sistema de justicia transicional?

AR: Si la Corte Penal Internacional sigue los lineamientos que señaló la fiscal Bessuda hace ya un par de años, en los cuales exigía que las penas a los responsables de los crímenes de lesa humanidad fueran proporcionales a sus delitos, la JEP debería imponer penas de cárcel mínimas para esos criminales. Esperamos que la Corte Penal Internacional se mantenga en las posiciones que hasta el momento ha venido sosteniendo.

ENS: ¿Cómo recibe el gobierno de Duque el proceso de paz con el Eln y cuáles cree que deben ser los nuevos condicionamientos?

AR: Creo que el gobierno del presidente Iván Duque debería hacer los ajustes para continuar los diálogos de paz, tanto en los procedimientos, como en el contenido.

En lo que tiene que ver con los procedimientos, al Eln hay que exigirle un cese definitivo de sus acciones violentas contra el Estado y contra la sociedad civil de manera inmediata, de manera plena y condicional; para ello exigir que se concentren con todos sus agentes y con todas sus armas en algunos sitios del país. Eso a nivel procedimental, para garantizar unos diálogos no en medio de la barbarie, sino en medio de la civilidad.

Y en lo que tiene que ver con los contenidos, obviamente hay que revisar la agenda que ha acordado este gobierno con el Eln. La agenda habría que reducirla única y exclusivamente a acordar las condiciones de reinserción, de desmovilización y de desarme de ese grupo.

Adicionalmente se tendría que dejar en claro que en esta ocasión los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad tendrán que pagar penas de cárcel, así sean rebajadas si cuentan la verdad, reconocen sus delitos, piden perdón, reparan a las víctimas y ofrecen garantías de no repetición.
ENS: ¿Al final al país le salió más costoso un “proceso de paz imperfecto” que seguir en un conflicto armado al que no se le veía posibilidad de terminar en el corto plazo?

AR: Ese es un falso dilema. Las cosas se hubieran podido hacer mucho mejor si el gobierno de Santos hubiera aprovechado la condición de debilidad extrema en la que estaban las Farc para haberle puesto unas condiciones que fueran satisfactorias para los colombianos. Y al contrario de eso, lo que hizo fue dejar que las Farc le impusieran las condiciones al gobierno para una negociación, condiciones que fueron rechazadas por el pueblo colombiano.