La Procuraduría General de la Nación llegó hasta la sede de la Agencia Nacional de Tierras –ANT-, para hacer seguimiento a los contratos suscritos por la entidad para la compra de predios para su adjudicación a campesinos, en cumplimiento de los compromisos de implementación de la Reforma Rural Integral.

En la diligencia preventiva, el ente de control le puso la lupa a la ejecución real del presupuesto en los rubros de adquisición de tierras para su adjudicación a campesinos, luego de conocerse que, para el 31 de octubre de 2023, se había tan solo logrado una ejecución del 17 % del billón 261 mil millones de pesos disponibles para el programa y no del 51 % de los recursos como fue reportado. 

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Lo anterior, cita el Ministerio Público, ya que se identificaron traslados al “Fondo Colombia en Paz” por $ 430 mil millones, es decir del 34 % del presupuesto, que a pesar de que aparecen como ejecutados, están consignados en una fiducia. Adicionalmente la Procuraduría indagó por el rubro convenido con RTVC de hasta 15 mil millones de pesos, con una ejecución de 660 millones de pesos para octubre de 2023.

Frente a esta situación, fueron requeridos durante la inspección, los análisis de las condiciones estructurales y jurídicas en las que ejecutan los procesos de compra, los procedimientos para el avalúo de los predios y la información para determinar si las decisiones de compra se realizaron en cumplimento de las disposiciones que regulan el tema.

Adicionalmente, el ente de control requirió información sobre las actuaciones precontractuales de los terrenos baldíos de Islas del Rosario, teniendo en cuenta que la ANT no ha atendido los requerimientos de la Procuraduría, por lo que revisó los expedientes y actuaciones administrativas relacionadas con el procedimiento de adquisición de predios en el periodo comprendido entre enero de 2023 y hasta la fecha.

La visita fue coordinada por las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios; para el Seguimiento al Acuerdo de Paz y para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, quienes revisarán la información suministrada por el equipo jurídico de la ANT.