Un estudio de la Contraloría General de la República sobre los resultados de la implementación del Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (PNFMPR), piedra angular del Acuerdo Final de Paz, encontró que, si bien muestra un avance relativamente importante, aún no tiene la vía libre para asegurar su efectivo cumplimiento.

Y se han identificado cuellos de botella que afectan el cumplimiento de sus metas, dificultades institucionales que no se han podido superar, en este caso a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Este Plan, que debe favorecer a campesinos, comunidades étnicas y población afectada por la violencia y la pobreza, busca formalizar la propiedad rural, promover una distribución equitativa de la tierra y garantizar seguridad jurídica. 

Durante el período 2016 – 2023 se le asignaron recursos significativos del Presupuesto General de la Nación (en promedio $214.636 millones).

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A hoy se han formalizado cerca de 1 millón 700 mil hectáreas y la meta del Acuerdo de Paz es formalizar 7 millones de hectáreas. Y, según los datos de la ANT, unas 51.522  familias han finalizado el trámite de formalización.

Largos tiempos de respuesta para los postulantes

El primer cuello de botella que tiene el Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (PNFMPR) se da por las inconsistencias que hay en el Registro de Sujetos de Ordenamiento de la Propiedad Rural, conocido como RESO, donde entran las personas que se quieren postular para formalizar su propiedad.

Desde su creación, en 2017, el RESO ha recibido 879.945 solicitudes, y un 83% han sido incluidas como potenciales beneficiarios de adjudicación y formalización de tierras y un 18% no han obtenido respuesta. Sin embargo, el 81% de las solicitudes se encuentran en la primera etapa del proceso. Esto luce como una inconsistencia ya que se esperaría que alguien plenamente incluido hubiese superado todas las etapas.

Adicionalmente, el 89% de las solicitudes en RESO carece de puntaje, el 7% se encuentra sin información y el 5% tiene puntajes superiores al máximo establecido (100).

Como consecuencia de lo anterior, las solicitudes de inclusión en el RESO pendientes a la fecha de elaboración de este estudio (4/12/2023) superan los 1.254 días de espera y algunas solicitudes datan de más de tres años sin obtener una respuesta. Y, por otro lado, aquellos que fueron admitidos deben esperar un promedio de 670 días (22 meses) para la expedición de la resolución de inclusión en el RESO.

El lastre de la herencia recibida

Igualmente hay unas deficiencias históricas que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) heredó del antiguo INCORA y del INCODER, siguen presentes y se manifiestan en debilidad trazabilidad del proceso y la ocurrencia de unas dificultades en los sistemas de información, que inciden en que no se pueda llevar de manera más rápida este proceso de formalización masiva de la propiedad rural.

La adjudicación de predios baldíos y de bienes fiscales a personas naturales promedió entre 18 y 26 años de trámite en el período 1990-2003, a cargo del INCORA. El INCODER logró reducirlo a 5 años en baldíos y a 1 año en bienes fiscales para el año 2015. Y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) redujo aún más los tiempos hasta llevarlos a menos de un año en 2022 y 2023, con el mérito adicional de gestionar miles de expedientes anuales y no decenas o centenas como las entidades antecesoras. 

Desde el año 2021, la ANT genera actos administrativos a mayor velocidad que los folios de matrícula de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), donde se evidencia principalmente un represamiento en la adjudicación de predios baldíos a personas naturales y formalización de predios privados. Las ORIP parecen ser el principal cuello de botella para el plan de formalización.

También inciden factores como la no existencia de un catastro multipropósito en este momento y de otro tipo de mecanismos que ayuden a limitar las diferencias entre lo registral y lo catastral.

Débil trazabilidad y limitada oferta de tierras

Otro cuello de botella que advierte la Contraloría es la débil trazabilidad del curso que siguen los expedientes en los procesos de adjudicación y formalización de tierras. Hay deficiencias en la interoperabilidad de los sistemas de información entre entidades e incluso entre dependencias de la ANT.

En el estudio, realizado por la Dirección de Estudios Sectoriales (DES) de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, se dice igualmente que hay una limitada oferta de tierras, para entregar a quienes las requieren.

La mayor área de tierra ofertada a la ANT se localiza en los municipios de categorías rural y rural disperso, en los que se concentran el 60% de las ofertas y el 77% de las áreas. El precio de la tierra en estos terrenos es significativamente menor en comparación con las categorías urbanos e intermedias, debido a la carencia de una adecuada infraestructura de bienes y servicios que limita el desarrollo de proyectos productivos.