EL MINISTERIO Público ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina, por presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de un predio ubicado en Chimichagua, Cesar, por el que se habría ofrecido un precio superior a su valor real, y que posteriormente sería adjudicado a campesinos de la región.

La Tercera Delegada para la Contratación Estatal sostuvo que medios de información dieron a conocer los sobre costos que tendría la transacción, lo que se suma al hecho de que el predio tendría una baja fertilidad, con un 32 % de tierra que no sería aprovechable para la producción agropecuaria.

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La Procuraduría investigará si el funcionario aprobó la adquisición del predio por un precio que equivale a un 70% más de su valor, y se revisará el análisis de mercado que se llevó a cabo para el ofrecimiento económico que se hizo como resultado de este para la presentación de la oferta.

Sobre el particular, la Entidad revisará si para determinar el valor a pagar en la Agencia habrían hecho comparaciones con cuatro predios de similares características que ubicaron en páginas web y que oscilan entre los $1.000 y los $4.800 millones, a pesar de lo que aparentemente se ofrecieron $8.500 al vendedor y la cifra final oscilaría los $5.000.

Finalmente, el organismo de control ordenó la práctica de pruebas con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si constituyen faltas disciplinarias y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Es importante recordar que hace algunos días el exdirector de la ANT denunció una campaña en su contra liderada por el Ministerio de Agricultura, comparándola con persecuciones del paramilitarismo. Vega alegó una conspiración para encarcelarlo e incluso acabar con su vida debido a su gestión, marcada por disputas sobre la implementación de la reforma agraria.

Por otra parte, Ricardo Sabogal, exdirector de la Unidad de Restitución de Tierras en el gobierno de Juan Manuel Santos sostuvo que “la decisión del presidente de removerlo fue la indicada”.