La Procuraduría indaga su gestión como exgobernador del Meta en relación con la liquidación del Fondo Ganadero del Meta y la deuda de Llanopetrol.

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Dos investigaciones en contra del exgobernador del Meta, Alan Jara Urzola, por su presunta omisión de preservar los intereses del departamento en el Fondo Ganadero del Meta (FGM) y por posible extralimitación en sus funciones al asumir obligaciones crediticias de Llanopetrol, le abrió la Procuraduría General.

En el caso del fondo ganadero, la Delegada del Ministerio Público para la Economía y la Hacienda Pública investiga a Jara Urzola, al representante del departamento ante el Fondo Ganadero del Meta, Daniel Santiago Salazar Uribe, que a su vez era el secretario de Desarrollo Agroeconómico y exdelegado especial del gobernador ante la asamblea general de accionistas del Fondo Ganadero del Meta; y a Néstor Ányelo Martínez Aldana, exgerente y representante legal del FGM.

El ente de control busca establecer si se presentaron posibles irregularidades en la administración del fondo, que tuvo como socios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Gobernación del Meta.

Al parecer, los accionistas mayoritarios no tomaron las decisiones dirigidas a cumplir con obligaciones establecidas en el acuerdo de reestructuración del fondo ganadero, lo que habría llevado a su liquidación y a un eventual detrimento patrimonial para el departamento.

En el caso de Llanopetrol investiga si la Gobernación del Meta habría asumido obligaciones crediticias de la empresa de petróleos como si se tratase de deudas propias del departamento.

Por este caso se investiga además del exgobernador al exsecretario de Hacienda, Jairo Frías Carreño; exgerente de Tesorería, Óscar Arnulfo Lozano Ramos, y al exgerente de la Empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol), Ricardo Rodríguez Henao.

Entre las pruebas que figuran en el expediente están cinco otrosíes firmados por el exgobernador Jara Urzola para avalar estos compromisos financieros en su totalidad.

Según el informe de la auditoría practicada por la Contraloría Departamental del Meta, la gobernación pagó una deuda adquirida por la empresa de petróleos aduciendo un crédito de tesorería, sin que hubiera celebrado convenio o contrato alguno, y sin que se hubiera expedido certificado ni registro presupuestal.

El ente de control ordenó la práctica de pruebas testimoniales y documentales a fin de esclarecer los hechos objeto de investigación.

De acuerdo con la investigación la Gobernación del Meta, entre 2012 y 2015, giró una suma superior a los $18.000 millones con el objetivo de realizar un estudio de viabilidad y prefactibilidad para la construcción de la refinería del departamento.

Luego de tres años no se conocen esos estudios, de hecho el proyecto está frenado y así lo dieron a conocer quienes denunciaron las irregularidades en la millonaria contratación.

En este caso fueron capturados Ricardo Rodríguez Henao ex gerente de Llanopetrol, Luz Estella Casas Franco, ex asesora jurídica del departamento del Meta, Hernando Martínez Aguilera ex Director Administrativo de Planeación y el entonces secretario hacienda de la Gobernación de Alan Jara y actual rector de la Universidad del Llano, Jairo Iván Frías.

Jara, según la Fiscalía, fue quien firmó el millonario contrato y por eso fue necesario solicitar a la Corte Suprema que investigue la actuación del ex gobernador y ex director de la Unidad de Víctimas.

Por su parte, la Contraloría indaga un proyecto para la construcción de un internado en el municipio de La Macarena y donde el entonces gobernador Jara, invirtió más de $10.000 millones.

También un convenio celebrado con la Corporación Red País Rural tenía como objetivo fortalecer procesos agroindustriales en el departamento y allí la Fiscalía recibió algunas denuncias que son materia de investigación.

A su vez la Fiscalía también investiga sobrecostos en la compra de equipos para el hospital departamental y cuya inversión supera los $37.000 millones, la investigación nació de algunas indagaciones de la Contraloría.

Jara, quien estuvo secuestrado por las Farc entre 2001 y 2009 después de ser gobernado del Meta, posterior al plagio volvió a postularse para regir los destinos de su departamento y fue ahí cuando surgieron los problemas que hoy lo tienen en la mira de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. También dirigió la Unidad de Víctimas y no cuenta con visa para ingresar a Estados Unidos, debido a que se la retiraron recientemente.