Fue aprobada por el Senado la conciliación del proyecto que busca que la Contraloría lleve un registro de obras inconclusas, llamadas popularmente ‘elefantes blancos’.

La iniciativa pretende que los alcaldes sepan qué obras que no se han terminado, las incluyan en su plan de desarrollo y si no se puede hacer nada para recuperarlas, en caso extraordinario, ordenen su demolición.

Según el ponente de la iniciativa, el senador Horacio José Serpa, del Partido Liberal, “en las regiones se habla de ‘elefantes blancos’. Lo decía el Contralor hace unos meses: en Colombia han sido identificadas más de 1.193 obras abandonadas que le han podido costar al Estado casi $9 billones –entre colegios, acueductos, vías– y todo esto no solo genera un costo fiscal, sino también genera un costo social incalculable: menos jóvenes yendo a las escuelas a educarse, menos personas con la posibilidad de un acueducto o un alcantarillado, más pobreza para las personas dedicadas de llevar sus productos a las cabeceras municipales porque no hay posibilidad de sacarlos rápidamente. Aquí existe una posibilidad para empezar a enmendar esta situación y este proyecto hace parte del paquete anticorrupción”.

Según dijo, “este será un inventario reportado únicamente por las entidades estatales que harán parte del banco de proyectos de la respectiva entidad. En este registro debe haber una información básica como la entidad contratante, la clase de obra la identificación de los contratistas para que podamos contar con una base de datos seria y adecuada. La entidad encargada de este registro será la Contraloría General de la República”.

Tras la aprobación de este proyecto, el Estado tiene “tres meses para hacer el primer registro y después este se hará en línea”, explicó el ponente. Agregó que “hoy en día las entidades territoriales deben enviar la información de su ejecución presupuestal a la Contraloría, ellos envían un registro trimestral lo que se busca es que con esta misma figura se amplíe la información sobre obras civiles inconclusas”.

En ese sentido destacó que los mandatarios locales deberán “meterle recursos a la obra y terminarla, porque aquí no solo vamos a saber lo que está mal hecho en Colombia, sino que le buscaremos una solución y una mejora. Por otro lado, si no hay posibilidad de recuperar la obra por daños estructurales, o porque está en pésimas condiciones se aprueba la posibilidad de demolerlas evitando así el posible daño que se le pueda ocasionar a las personas. O la terminamos o la demolemos”.

El Contralor, Carlos Felipe Córdoba reveló que de las 1.193 obras inconclusas la mayoría se encuentra en la zona caribe del país, así mismo aseguró que las zonas de Colombia más afectadas por este fenómeno son Putumayo, Vichada y Risaralda. Así mismo, en su momento reveló que la mayoría de elefantes blancos en Colombia se presentan en colegios e infraestructura vial.

“Vamos a trabajar con las asociaciones como la Federación de Departamentos, la Asociación de Ciudades Capitales, la Federación Colombiana de Municipios, para que con ellos podemos ver cuáles son los puntos críticos y poder concentrar esas necesidades con los actuales mandatarios junto con los entrantes”, dijo.

Para otra de las ponentes de la iniciativa, Emma Claudia Rodríguez, de Cambio Radical, “aquí había un desorden en el país, lo que pasaba era que un Alcalde iniciaba una obra civil y la dejaba inconclusa para que el nuevo Alcalde la terminara, y el nuevo no la hacía por distintas razones políticas y quedaba invertido un dinero importante ahí, enterrado. Lo que se quiere es tener un registro en la Contraloría. Hoy hay una cantidad de obras que representan $8,9 billones de pérdidas, que es lo mismo que quiere alcanzar el Gobierno con la ley de crecimiento económico, este proyecto busca cerrarle la puerta a la corrupción y es de origen parlamentario”.

Se espera que antes del próximo viernes la Cámara de Representantes apruebe la conciliación del proyecto para que este pase a sanción presidencial. Esta iniciativa fue calificada por algunos de los congresistas como anticorrupción pues al tener un registro de obras el Estado puede ser más efectivo en terminarlas.