Un equipo conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, observó con gran preocupación que el nivel de cumplimiento de los acuerdos firmados hace siete años no supera el 7%.

Mediante una mesa de trabajo con los voceros del movimiento social Paro Cívico de Buenaventura, la Defensoría del Pueblo determinó la necesidad de reforzar el seguimiento de los compromisos priorizados. Para ello, los garantes realizarán los requerimientos pertinentes a las autoridades e instituciones que suscribieron las actas de acuerdos.

De igual forma, hicieron un llamado de urgencia al Gobierno nacional, próximo a llegar a los 2 años de su período, para que ratifiquen su compromiso con el cumplimiento del acuerdo en el artículo 288 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, y se revise el nivel de cumplimiento para lograr cambios significativos durante esta administración.

Cabe señalar que esta protesta social tuvo lugar entre el 16 de mayo y el 6 de junio de 2017. Allí, las comunidades de Buenaventura exigían presencia del Estado en la región pues sufren de escasez de agua potable, malversación de fondos, alto nivel de desempleo, entre otras problemáticas.

Este proceso de negociación duró 22 días en el que concordaron un presupuesto 76 millones de dólares con crédito externo equivalentes a 220 mil 400 millones de pesos, más los 873 mil millones de pesos por parte de todos los ministerios con recursos adicionales, como también de los impuestos por obras para un total de 1.5 billones de pesos, luego de la creación de FonBuenaventura.