LA LABOR de vigilancia de la Procuraduría General en procesos  de contratación estatal llevó a suspender varios procesos licitatorios en diciembre, salvaguardando más de dos billones de pesos.

El caso más importante fue el del proyecto El Curval, para la construcción del acueducto de Santa Marta. En este caso hubo llamados reiterativos del Ministerio Público por asuntos relacionados con temas presupuestales, de planeación, técnicos y jurídicos de la citada licitación que la “ponían en entredicho con las reglas que rigen la contratación estatal”. 

La Procuraduría reiteró que al ser declarado desierto este proceso licitatorio se salvaguardaron $1,6 billones del erario.

En otras acciones preventivas, la intervención del ente de control  también logró suspender la creación de una empresa para el manejo del alumbrado público en Socorro (Santander), y la construcción de la infraestructura hospitalaria en Soacha por valor de $150 mil millones. En este último caso la licitación fue declarada desierta al detectar graves irregularidades.

También en diciembre el órgano de control, tras encontrar inconsistencias en los procesos selectivos, sugirió a las Empresas Públicas de Cali (Emcali) la cancelación del contrato por $113 mil millones con los que pretendía adquirir los servicios de una firma para disminuir las pérdidas de energía de la ciudad.

Caso Adres

En otro flanco, se destacó que los trabajos oportunos adelantados por los delegados para la Vigilancia de la Función Pública condujeron a que la Administradora de los Recursos del Sistema General en Seguridad Social en Salud (Adres) suspendiera la selección de una interventoría para vigilar los pagos de las reclamaciones hechas a las IPS hasta tanto se adoptaran los mecanismos exigidos.

De igual manera, otras polémicas licitaciones que tuvieron la lupa de la Procuraduría fueron las de Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y la contratación de los chips electrónicos para los privados de la libertad. Aquí, después de acatar las observaciones del Ministerio Público para evitar llegar a la urgencia manifiesta, el contrato fue finalmente adjudicado a la empresa Unión Temporal Efectiva por más de $95 mil millones.

A la misma entidad, se le hizo un acompañamiento permanente en cuanto a la licitación para proveer la alimentación en los centros carcelarios. Un contrato que supera los $800 mil millones y al que ahora se le hace estricto seguimiento al proceso de selección de interventoría por $47 mil millones.

Otro caso que preocupó y llamó la atención de la Procuraduría fue el de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo). El ente de control hizo observaciones por posibles irregularidades en el proceso de contratación para el desarrollo de proyectos inmobiliarios por valor de $370.419 millones.

Otros casos

En diciembre la función de la Procuraduría también permitió salvar los recursos para la construcción de la segunda fase del hospital de 4° nivel de Pereira, con lo cual se evita que la primera, que se encuentra en construcción por $50 mil millones, quede como una obra que no prestaría ninguna utilidad.

Igual sucedió con la adjudicación para los trabajos de la segunda fase de construcción de la cárcel de Pereira, lo cual permitirá solucionar problemas de hacinamiento y garantías de derechos para los privados de la libertad, proyecto con inversiones de $113 mil millones.

El más reciente logro del ente de control fue el de la revocatoria de la licitación para contratar los servicios de una plataforma virtual tipo E-Learning del SENA, por valor de $78 mil millones, la misma que fue aplazada en más de una ocasión y que, finalmente, la entidad decidió no adjudicar y volver a empezar de ceros a raíz de las advertencias hechas por el órgano de control.