La Contraloría General de la República culminó una Auditoría Financiera al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en la que encontró una gestión ineficaz de los recursos, que estaban destinados a satisfacer las necesidades de la población más vulnerable del país. La entidad descubrió que se siguen presentando casos de pago a beneficiarios fallecidos y a otro que no lo requieren

La efectividad del Grupo Interno de Trabajo Antifraudes, en lo referente a la depuración de las bases de datos, procedimiento ejecutado antes, durante y después de cada ciclo de pago de cada programa, busca generar un control de calidad permanente de los registros procesados, sin embargo, esta labor no está siendo efectiva.

También se evidencian debilidades en el proceso de verificación de criterios de pertenencia y permanencia de las personas cobijadas por los diferentes programas auditados, permitiendo que beneficiarios que no cumplen con las condiciones establecidas en la norma, estén siendo favorecidos y cobren los incentivos sin tener derecho a ello.

En los diferentes programas se encontraron: trasferencias a fallecidos según cruce de información con la Registraduría Nacional, beneficiarios que han declarado renta ante la DIAN, incumplimiento de criterios de permanencia y pertinencia por encontrarse registrados en bases de datos con otros beneficios excluyentes según lo estipulado en cada programa, Colpensiones, Colfondos, CREMIL, CASUR, RUAF, ADRES y PILA.

Un hecho relevante que se evidencia es que los incentivos del Programa Jóvenes en Acción están dirigidos a población joven en condición de pobreza y vulnerabilidad y en los Manuales y Guías diseñados por Prosperidad Social, solo se contemplan criterios de focalización y no de permanencia en el programa. Lo anterior permite perpetuar en el tiempo el pago de beneficios a jóvenes cuyos ingresos superan los índices de pobreza establecidos por el DANE en la vigencia 2023.

La entidad no tiene establecido para Jóvenes en Acción el cruce de información con las fuentes de información disponibles. En el proceso auditor se estableció que beneficiarios de este programa se encuentran reportados en bases de datos de fondos de pensiones como beneficiarios y con ingresos superiores a un salario mínimo legal vigente. Adicionalmente, se encontraron beneficiarios reportados por la DIAN que declararon renta de los años gravables 2021 y 2022.

En esta auditoría se establecieron 21 hallazgos administrativos de los cuales 17 tienen presunta incidencia disciplinaria y 10 con incidencia fiscal por $108.869.283.650. Adicionalmente, se solicitaron 2 aperturas de Indagación Preliminar por $46.717.108.000.

Durante la vigencia 2023, Prosperidad Social contó con una asignación de $9.8 billones, distribuida en 18 proyectos de inversión, la cual tuvo una ejecución total a nivel de compromisos de solo el 85%. Se presentó una pérdida de apropiación en la vigencia auditada de $1.459.369.495.179, correspondiente a 15 proyectos de inversión.

La baja ejecución de los programas de inversión de Prosperidad Social se dio por debilidades en los trámites de aprobación de vigencias futuras, ampliación de cronogramas para la revisión y aprobación de las fichas técnicas, demoras en la investigación de mercados y análisis del sector, y de igual forma en los estudios previos y publicación de procesos contractuales, entre otras.