Una nueva polémica se inició en el departamento del Quindío luego de que el Tribunal Administrativo decidiera invalidar el acuerdo mediante el cual el Alcalde de Salento prohibía la megaminería en ese municipio.

El proyecto de acuerdo había sido aprobado por el Concejo local, en defensa del patrimonio cultural y ecológico de esa región el pasado mes de febrero.

De acuerdo con la concejala ponente, Orfa Liliana Correa, existe una preocupación muy grande con esta decisión, luego que el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, oficiara al Tribunal Administrativo del Quindío, la iniciativa municipal y este a su vez determinó que no es válido. La cabildante dijo que es muy posible que no se analizaran más proyectos en otras regiones que sí quedaron firmes.

Por su lado, el Mandatario regional reiteró su “rechazo total a la megaminería en el Quindío y mi compromiso con la defensa del medio ambiente. No estoy de acuerdo, sin embargo, se debía, por ley, hacer una revisión para corroborar que el acuerdo cumpliera con lo que manda la Constitución”.

El ambientalista representante de la Fundación Ecológica Cosmos, Néstor Ocampo, señaló que es muy posible que el Gobierno nacional esté detrás de las corporaciones municipales, para que de alguna manera se pueda permitir que las multinacionales decidan sobre los territorios.

“Todo esto hace parte de un debate político a nivel nacional, ya que en otras regiones algunos tribunales han determinado que los municipios sí tienen las facultades para tomar ese tipo de decisiones”, indicó Ocampo.

Por su lado, la abogada María Camila Arias, aseguró que “este fallo judicial da la carta abierta para que la megaminería entre al Quindío, explote las montañas y contamine nuestros ríos”.

Agregó que “estamos dispuestos a darlo todo por esto, una batalla muy grande. En todas las marchas anunciamos que esto podía pasar y el momento ha llegado”.

Explicó que un grupo de abogados quindianos buscará llegar a las vías internacionales la decisión, porque en las nacionales “nos está quedando difícil. Lo que vamos a hacer es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que nos otorgue medidas cautelares que detengan la explotación minera en el departamento y que se vaya hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que esta falle en favor del pueblo”.

A su vez, el secretario jurídico y de Contratación encargado del departamento del Quindío, Víctor Alfonso Vélez Muñoz, dijo que se encontró que las disposiciones que se estaban adoptando en este acuerdo iban en contravía de la Corte Constitucional, por lo cual se decidió enviar dicho acuerdo al Tribunal Administrativo del Quindío, para que decidiera si el acto del concejo municipal de Salento va en contra o no de la Constitución y la ley.

“El Tribunal Administrativo del Quindío revisó y encontró en los últimos antecedentes, la sentencia que emitió la Corte Constitucional que es de unificación del año 2018, en la cual se determinó que todo lo que tiene que ver con restricción frente al aprovechamiento de recursos naturales no renovables, no es una decisión que pueden tomar de manera unilateral los entes territoriales”, precisó el jurídico de la Gobernación.