La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez solicitó formalmente el aplazamiento del juicio oral, previsto inicialmente para mañana 6 de febrero, con el fin de contar con más tiempo para analizar las pruebas recientemente admitidas por el Tribunal Superior de Bogotá.
En un documento dirigido a la Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, el abogado Jaime Enrique Granados Peña argumentó que el Tribunal modificó el número y tipo de pruebas que habían sido aprobadas en primera instancia, lo que obliga a la defensa a ajustar su teoría del caso. “La decisión del Tribunal, comunicada hasta ayer, genera un cambio drástico en el número de pruebas que, finalmente, le fueron reconocidas a la defensa”, señala el escrito.
Fijación irregular de fechas y suspensión de competencia
Granados también cuestionó la programación anticipada del juicio, argumentando que las fechas fueron fijadas cuando la audiencia preparatoria aún estaba suspendida por la apelación de las decisiones sobre las pruebas. “El rito procesal impone que la fijación de las fechas del juicio se haga una vez concluya la audiencia preparatoria y no en el entretanto mientras esta se encuentra suspendida”, enfatizó.
Además, el abogado recordó que, una vez concedido el recurso en efecto suspensivo, el despacho del juez perdió competencia para tomar decisiones hasta que la apelación fuera resuelta, citando el artículo 177 de la Ley 906 de 2004.
Solicitudes de la defensa
Ante esta situación, el abogado Granados solicitó a la jueza:
- Cerrar formalmente la audiencia preparatoria y fijar las fechas del juicio en acuerdo con las partes.
- Aplazar el inicio del juicio oral hasta después del 17 de febrero de 2025, con el fin de garantizar el tiempo necesario para preparar la defensa.
- Permitir la participación virtual del expresidente Uribe y de su abogado, dado que ambos enfrentan riesgos de seguridad y la tecnología ya permite la realización de audiencias híbridas sin afectar el principio de inmediación.
La defensa sustentó su solicitud en el principio de reposo procesal, que permite un tiempo prudencial entre las fases del juicio para garantizar el derecho a la defensa. “La justicia que administra el Estado, para ser legítima, tiene que atender una serie de principios consustanciales a la visión democrática del proceso”, recordó el documento, citando jurisprudencia del Tribunal Superior de Bogotá.
Ahora, la jueza deberá decidir si concede la prórroga solicitada y reprograma el inicio del juicio en una fecha posterior. Mientras tanto, la expectativa crece en torno a este proceso judicial, que mantiene en vilo al país.