Uno de los vacíos en la implementación del acuerdo de paz es determinar cómo los desmovilizados de las Farc que no están implicados en delitos graves, y que por ende la mayoría está ya amnistiados o indultados, aportarán a la construcción de la memoria histórica a través de un mecanismo que no tenga carácter judicial.

El país cuenta con un ejercicio en ese sentido con los exparamilitares, que al cierre de este año se espera que hayan declarado al menos 13.000 y al final del proceso en 2021 sumaría unos 17.000.

Así lo indicó a EL NUEVO SIGLO el coordinador de la Dirección de Acuerdos por la Verdad, dependencia del Centro de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga.

Explicó que en el acuerdo y en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y Garantías de no Repetición está la idea general plasmada de que los ex combatientes aporten a la memoria histórica, “pero no está especificada la forma de hacerlo”.

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Añadió que “es de recordar que lo que hemos hecho con los ex paramilitares en la Ley 1424 tiene mucha similitud al compromiso que tienen todos los miembros de las Farc que se han beneficiado por la Ley 1820 de 2017 de amnistía y también quienes han sido beneficiados por varios decretos de indulto que han sido progresivamente expedidos. Todos ellos, que no están comprometidos con graves crímenes y que reciben amnistía, como lo plantea la Ley y como lo ratificó al revisarla la Corte Constitucional, deben entregar contribuciones a la memoria histórica”.

Agregó Villarraga que por tanto de aquí se derivará un ejercicio similar, “no quiere decir idéntico. Obviamente hay circunstancias que cambian y los actores tienen también sus particularidades. Además no es lo mismo una circunstancia de un proceso de paz colectivo al caso de los paramilitares, que en todo caso no eran una organización homogénea sino que era un proceso más disgregado y de un tratamiento más individualizado. Con las particularidades del caso se habrá de diseñar lo propio”.

Señaló que pueda que en lo que “falta del marco legal, no necesariamente vía ley, puede ser un decreto u otras decisiones administrativas,  lleven a especificarlo porque no está establecido el cómo”. Explicó que la Ley 1424 “dijo: háganse los acuerdos de la verdad y diséñese un mecanismo no judicial. Y nos dio unas pautas y unos temas básicos”. Eso todavía no existe para el caso de los excombatientes de las Farc  y “habrá de especificarse. Sin duda alguna es de los vacíos que aún tiene la implementación del acuerdo, en este caso en lo relativo a la memoria histórica”, dijo.

Similitudes

El Coordinador de la Dirección de Acuerdos por la Verdad añadió que existe similitud en los procesos de desmovilización de los grupos paramilitares y las Farc. “Me refiero a los marcos legales, porque en los paramilitares los implicados en graves crímenes estuvieron en Justicia y Paz; de la guerrilla los implicados en graves violaciones al Derecho Humanitario están en la JEP. De los paramilitares, los no implicados en graves delitos estuvieron en la 1424; y de la guerrilla, los no implicados en graves delitos están en la Ley de Amnistía 1820 y los decretos de indulto”.

Pero en el caso del aporte a la memoria histórica del conflicto, “no se definido todavía cómo se va a hacer el ejercicio con los excombatientes de las Farc”, puso de relieve Villarraga.

Añadió que lo “nuestro es una experiencia que aporta en el sentido de haber creado toda una metodología, haber hecho un trabajo en las regiones, haber hecho un acopio voluminoso de información y haber llegado a producir unos informes, a la vez que hubo un trato detallado y diferenciado para cada una de las personas, respetándoles sus derechos. Ya cómo se hace con las Farc está por definir”.

Villarraga explicó que los ex paramilitares dispuestos a dar sus aportes para satisfacer los derechos a la verdad y la no repetición “están en 17.800, pero se calcula de aquí a los próximos dos años que pueden llegar algo más de 3.000 más. En total van a ser entre 20.000 y 21.000 porque ya se está agotando la revisión de quienes reincidieron  y son descartados, de quienes están en las cárceles condenados y están descartados, de quienes no hicieron el programa de reintegración y están descartados”.