“La mejor carta de presentación de Emilio Archila es que no le cae nada bien a algunos sectores del Centro Democrático pero el presidente Duque lo ha mantenido contra viento y marea… Y tampoco es que lo quieran mucho en los Comunes (el partido de los exFarc) porque se les ha parado en la raya más de una vez por el tema de los ritmos de la implementación del acuerdo de paz, quién maneja la plata y cuáles son las prioridades… Incluso ha tenido roces con funcionarios del Gobierno y le ha marcado, amable pero firmemente, a la ONU líneas muy claras sobre las competencias, facultades y ópticas de su Oficina y la Misión de Verificación”.
Esa descripción, proveniente de un exalto funcionario de este Gobierno, explica muy bien el perfil de Emilio Archila, el actual consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y quien acaba de ser designado por el presidente Duque como nuevo líder del equipo negociador gubernamental con el llamado Comité Nacional del Paro.
Como se sabe esa labor la venía cumpliendo el ahora excomisionado de Paz y posible candidato presidencial, Miguel Ceballos, quien estuvo en esas tareas hasta el martes pasado, cuando hizo efectiva la renuncia que había presentado el 3 de mayo. Su salida del cargo se dio en medio de una fuerte controversia con el expresidente Álvaro Uribe, a quien señaló de hacer gestiones de paz con el Eln sin estar autorizado por su Oficina.
Tan pronto como se filtró, el sábado pasado, que Ceballos daría un paso al costado en medio de la difícil negociación preliminar con el Comité del Paro, tras una semana larga de discusiones en la mesa sin mayor avance, en altos círculos gubernamentales se pensó de inmediato en que Archila era el perfil más adecuado para reemplazar al saliente jefe de la delegación oficial.
¿Por qué? Sin duda porque es el funcionario con más experiencia para medírsele a un tema tan complejo como este, dado que los voceros del Comité de Paro han puesto sobre la mesa exigencias muy inflexibles desde el primer encuentro que sostuvieron con los delegados de la Casa de Nariño, el 10 de mayo.
De entrada Duque designó un equipo compuesto por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el alto comisionado Ceballos y el propio Archila, junto a la consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patria Gutiérrez, los ministros de Vivienda (Jonathan Malagón) y de Trabajo (Ángel Custodio Cabrera), así como la subdirectora de Planeación Nacional, Amparo García.
Como se sabe, Ramírez ya no hace parte de esa delegación porque desde la semana pasada aceptó ser la nueva Canciller, en reemplazo de Claudia Blum. Es más, desde el viernes ya viajó a Estados Unidos y se encuentra allí desarrollando una intensa agenda de trabajo.
Ceballos, como se dijo, presentó renuncia intempestiva al cargo y, de un momento a otro, dejó al Presidente sin quien coordinara la delegación gubernamental en la mesa, en los precisos momentos en que estaba finiquitándose la posibilidad de un primer preacuerdo sobre las reglas de respeto a la protesta social, que es la antesala de la firma del protocolo para avanzar hacia la instalación formal de la mesa de negociación en donde, finalmente, comenzará la discusión del llamado “pliego de emergencia”.
Este último, como se sabe, tiene ocho puntos principales pero un número alto de subtemas (que pasan de 100), no pocos de los cuales ya vienen desde la agenda del proceso de “Conversación Nacional” que se abrió a finales de 2019 con el mismo Comité de Paro, tras una racha de marchas, bloqueos viales, asonadas y graves hechos de orden público.
Como se recuerda ese proceso de “Conversación Nacional” quedó truncado a comienzos del año pasado, una vez comenzó la emergencia por la pandemia del covid-19 en nuestro país.
Ejecutivo y frentero
A diferencia de Ceballos, que tenía claro que su rol solo iba hasta la instalación de la mesa de negociación entre el Gobierno y el Comité de Paro, el papel de Archila irá más allá. “… Será el jefe de la delegación negociadora del Gobierno con la cúpula sindical y de otras organizaciones que promueven los paros… Es decir, que su tarea no termina cuando las partes avalen el preacuerdo logrado al comienzo de esta semana sobre el protocolo de protesta social, sino que debe liderar la negociación como tal del ‘pliego de emergencia’”, precisó a EL NUEVO SIGLO una alta fuente gubernamental.
Otros conocedores del trabajo de Archila lo describen como un funcionario “frentero y ejecutivo”, que “no se enreda” en los procesos y “va por lo alto” cuando surge un obstáculo que frene las tareas y los objetivos. Incluso señalan que tiene una cualidad adicional: “ya está curtido en tratar con funcionarios de todo nivel y dirigentes públicos y privados… Trabaja por procesos y no tiene ambiciones políticas ni afanes de figuración”.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta doble labor del consejero presidencial encargado de la implementación del acuerdo de paz, que si bien avanza en el proceso, es claro que debe hundir el acelerador en varios temas clave, como lo recordó el más reciente informe al Consejo de Seguridad de la ONU por parte de la Misión de Verificación.
“… Hay muchos temas en la agenda de Archila que no dan espera… Desde el tema de la seguridad de los líderes sociales y desmovilizados, que continúan siendo asesinados… Hasta aterrizar los nuevos planes de inversión en los municipios PDET, los programas de sustitución de cultivos, los asuntos pendientes en reincorporación, el complejo capítulo del Desarrollo Rural Integral, la Mesa de Víctimas, la plata de regalías para el proceso, el Csivi (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo), los temas étnicos y la interlocución con la Misión de la ONU, que no es nada fácil…”, precisó a EL NUEVO SIGLO un dirigente muy cercano al proceso de implementación del pacto con las Farc.
Agregó que “… No creo que Archila pueda atender al mismo tiempo dos agendas tan complejas… Creo que el Gobierno se equivoca y debería recordar lo que en su momento le pasó con (Diego) Molano (entonces Secretario General de Presidencia), que lo encargó de la Conversación Nacional y no daba abasto con ambas tareas”.
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Habrá que esperar, entonces, a que Gobierno y Comité de Paro aprueben el protocolo de protesta social y avancen de una vez por todas a la instalación de una mesa de negociación que, dada la complejidad del “pliego de emergencia”, podría durar varios meses acordar. A ello se suma que, de entrada, el tema clave será garantizar un clima de protesta social pacífica, sin bloqueos viales, vandalismo ni mucho menos infiltración terrorista. Ese será el primer pulso clave.
La misma negociación es un reto complicado para un Gobierno al que le quedan catorce meses de mandato y un país que, pese al tenso clima socioeconómico por el coletazo de la pandemia y los paros y desorden público del último mes, poco a poco se imbuye en una álgida campaña electoral.
Archila, Nacido en Bogotá en 1964, es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes, especialización en Derecho para el Desarrollo del International Development Institute en Roma, Italia, y máster en Jurisprudencia en Derecho Comparado de la New York University, Estados Unidos.
Fue director de Derecho Económico en la Universidad Externado de Colombia, ejerció como presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsa, y se desempeñó igualmente como Superintendente de Industria y Comercio en 1998.
Adicional, fue director de la Oficina Jurídica del Ministerio de Desarrollo Económico (hoy de Comercio, Industria y Turismo) y ejerció como docente en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, la Universidad Externado de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad San Buenaventura de Cali y la Universidad del Norte de Barranquilla, entre otras. Se posesiona como Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación en agosto de 2018.