La Procuraduría General de la Nación ha dado luz verde a la solicitud de indemnización presentada por la defensa del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, quien estuvo encarcelado durante ocho años antes de ser absuelto de los cargos de desaparición forzada relacionados con la retoma del Palacio de Justicia en 1985. La indemnización, que supera los 11 mil millones de pesos, busca compensar los daños y perjuicios sufridos por el coronel y su familia debido a su prolongada e injusta privación de libertad.
El coronel Plazas Vega fue detenido en 2008 y condenado a más de 30 años de prisión por su supuesta participación en la desaparición forzada de 11 empleados de la cafetería del Palacio de Justicia durante la retoma militar del edificio en noviembre de 1985. En ese entonces, Plazas Vega comandaba la Caballería y dirigió uno de los cuatro vehículos blindados que ingresaron al Palacio. Su proceso judicial comenzó en 2005, y fue finalmente sentenciado en 2010. Sin embargo, en diciembre de 2015, el uniformado fue absuelto de todos los cargos.
La Procuraduría emitió un auto en el que se expresa claramente la posición de la entidad: "Han de despacharse favorablemente las pretensiones de la demanda tendientes a declarar responsables a las demandadas por la privación injusta de la libertad". El documento califica la privación de libertad de Plazas Vega como "inapropiada, irrazonable, desproporcionada y arbitraria".
La defensa del coronel ha solicitado que la Nación, específicamente la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, sean declaradas administrativamente responsables de los perjuicios ocasionados. La cuantiosa indemnización está dividida en varias partes:
- Perjuicios Materiales y Morales para el Coronel: Más de 4.700 millones de pesos serán destinados a resarcir los daños materiales, morales, daños a la salud mental y derechos constitucionalmente amparados.
- Compensación para la Familia del Coronel: Más de 6.000 millones de pesos adicionales se han solicitado para los familiares del coronel, incluyendo su esposa, Ruby Thania Vega (excongresista), hijos, hermanos, sobrinos, cuñados y suegros. Esta suma cubriría principalmente los daños morales, así como problemas de salud mental y cardiaca sufridos por su esposa.
Esta decisión marca un precedente significativo en la justicia colombiana, subrayando la responsabilidad del Estado en casos de privación injusta de libertad. Las repercusiones de este fallo podrían influir en futuras demandas similares, donde individuos injustamente encarcelados busquen una compensación por los daños sufridos.