EN EL trámite de varias de las reformas del Gobierno se ha notado la falta o la tardanza del Ministerio de Hacienda en entregar el concepto sobre el impacto en las finanzas públicas, lo que no solo ha generado disgusto en el Congreso, sino en algunos casos frenado la discusión de la iniciativa. También hay polémica porque en algunas situaciones los parlamentarios alegan que lo que hizo llegar la Cartera fue un escenario de factibilidad y no el aval como tal. En este contexto el contralor General Carlos Rodríguez propuso ajustar la norma al respecto para que la Contraloría certifique el documento que envíe el ministro.

EL NUEVO SIGLO consultó la opinión de expertos sobre esta propuesta del Contralor General de la República.

Concretamente el contralor General, Carlos Rodríguez, dijo en entrevista con este Diario sobre el cuello de botella en el Legislativo por el aval fiscal en varios proyectos, que “pienso que eso es un tema normativo: toda norma que se vaya a presentar debería tener no solamente el aval fiscal, sino que ese aval fiscal debería de estar certificado por la Contraloría General”.

Añadió Rodríguez que “al fin y al cabo, el aval fiscal lo está dando prácticamente el Gobierno, pero el organismo de control tendría o debería tener toda la posibilidad para hacerlo frente al tema. Esto desde un punto de vista muy elemental: usted no puede planear una gran cantidad de cosas cuando materialmente no tiene forma de percibir el ingreso para hacer ese sueño realidad. Es un tema de planificación financiera”.

El exministro Juan Camilo Restrepo dijo sobre esto “creo que no sería necesario, es que no se puede desconfiar del ministro de Hacienda dando sus evaluaciones fiscales, y a su turno le dé un contra - aval la Contraloría. Más bien, exigir que el Ministerio de Hacienda haga una presentación oportuna de esos avales fiscales y que explique exactamente el costo. Pero me parece un poco redundante que la Contraloría vaya a certificar lo que el ministerio está diciendo”.

En el punto que toca Restrepo sobre que el ministerio entregue pronto a la respectiva plenaria o comisión el concepto fiscal de un proyecto, vale señalar que el ministro Ricardo Bonilla argumentó en el trámite de la reforma de salud, que “tenemos el aval fiscal, no es obligatorio haberlo entregado, eso es un argumento dilatorio (de la oposición) porque nosotros podemos entregar el aval fiscal en el último debate de la cuarta vuelta del proyecto de ley. Nadie dice que lo tenemos que entregar antes”.

De igual forma, la representante Martha Alfonso, entonces ponente de la reforma a la salud, justificó la falta del concepto “porque permanentemente estamos haciendo ajustes y cambiando este proyecto, y es muy difícil hacer un estimativo sobre algo que está cambiando”.

No obstante, el exministro de Hacienda Salazar subrayó que “el ministerio sí puede dar unas evaluaciones diciendo al día de hoy cómo está el proyecto, al día esta es la evaluación fiscal. Que, si hay adicionales, pues habría que sumarlo, pero no es sano que avancen en esos trámites legislativos sin una opinión del costo fiscal porque, entre otras cosas, ese aval fiscal del Ministerio de Hacienda es obligatorio por ley”.

Opinión de un excontralor

En tanto que un excontralor General de la República, quien pidió omitir su nombre, le dijo a este Diario sobre la propuesta de Carlos Rodríguez Becerra, que “creo que lo importante es que se produzca el análisis por parte del Ministerio de Hacienda, de tal suerte que el Ministerio de Hacienda certifique la viabilidad del gasto para que no explote la deuda por el tema del gasto público, eso es lo más importante de todo el proceso”.

Añadió que “lo que a mí me parece es no darle al contralor la facultad de vetar o de opinar por igual porque después a quién le creen”.

Enfatizó el excontralor General, “lo que debería hacer la Contraloría es presentarle al Congreso un análisis de esos análisis del Ministerio de Hacienda para ver si considera que es o no es. Que eso produzca debate en el Congreso, pero sin que el criterio de la Contraloría sea vinculante, porque o si no entraríamos en un problema de la Madonna. O sea, quién tiene la razón si uno dice que sí y el otro que no. Eso lo que significa es que el contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas debería tener tanta fortaleza como uno de los viceministros de Hacienda”.

Es interesante la iniciativa: Pérez

El representante Óscar Pérez Pineda, integrante de la Comisión Tercera, la cual conoce de temas relacionados con hacienda y crédito público, impuesto y contribuciones, explicó que “hasta ahora, las leyes que regulan la obligatoriedad de un aval fiscal son precisas, la Ley 819 de 2003, es la ley de responsabilidad fiscal. Varias sentencias de las cortes han establecido esa obligatoriedad porque si no existiera ese principio de responsabilidad presupuestal, entonces dejaríamos que los congresistas presentaran lo que quisieran, y un presupuesto de $500 millones se vuelve de $5.000 millones, y esa no es la realidad fiscal de Colombia”.

Agregó el parlamentario del Centro Democrático que “por eso existe un procedimiento reglado que es la regla fiscal, que también está normada por una ley. Establece un techo máximo para déficit fiscal y también el marco fiscal de mediano plazo establece los criterios, no solamente para el déficit fiscal, sino para la deuda pública como porcentaje del PIB”.

Subrayó Pérez Pineda, “no conozco ninguna norma donde también además del aval que otorga el Ministerio de Hacienda, que se supone es el producto de un estudio técnico muy profundo y no la obligatoriedad que tenga un ministro de Hacienda de atender las órdenes de un jefe, que a veces puede resultar muy ligero, como es el caso que tenemos en el presente”.

Señaló el congresista sobre la propuesta que hizo el contralor General de la República, que “la Contraloría que tiene hoy por disposición constitucional un nuevo papel fundamental en el control, como es el control perceptivo, el control en tiempo real, en tiempo presente, no ese control que tenía posterior y selectivo, que también lo conserva, a mí me parece que es bien interesante esa declaración del Contralor, y estaría de acuerdo en que si no está preciso en una norma, de pronto lo hiciéramos figurar en esa norma”.

No obstante, Pérez puso en el foco que, con una medida de esa naturaleza, “no faltarán los que le van a decir al contralor que está coadministrando, que eso sí es lo que un organismo de control no puede hacer”.