LA INTERVENCIÓN del Gobierno para forzar el cambio de rector en la Universidad Nacional de Colombia (Unal), que se concretó el jueves pasado con la salida de José Ismael Peña y la llegada de Leopoldo Múnera, constituye una gran afectación a la autonomía universitaria, que es una garantía constitucional en nuestro país.

Como se sabe, Peña había sido elegido el 21 de marzo con el voto positivo de la mayoría de los integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU), pero el gobierno Petro desconoció su escogencia, en gran parte porque sus delegados apoyaban a Múnera.

La ministra de Educación, Aurora Vergara, se negó a firmar el acta de elección de Peña e incluso anunció una serie de medidas legales y administrativas para bloquear su posesión.

Ante ello, Peña se terminó posesionando el 2 de mayo ante un notario, pero días después, el Ministerio de Educación expidió una resolución donde convocó a una nueva sesión del CSU, que se llevó a cabo el jueves pasado. Allí, en un procedimiento criticado por muchos sectores, una parte del CSU anuló la elección de Peña y designó a Múnera.

De esa determinación se apartaron tres integrantes del órgano universitario: Ignacio Mantilla, representante de los exrectores; Diego Torres, representante de los profesores, y Verónica Botero, representante del Consejo Académico.

El exrector Mantilla, elegido desde noviembre de 2023 por la mayoría de antiguos rectores de la Unal como su representante ante la universidad, aseguró, tras la designación de Múnera, que el Consejo Superior perdió su naturaleza académica.

“El propio Mineducación y miembros del CSU han pretendido convertirlo (al Consejo Superior) en la arena de controversias jurídicas contaminadas por las tensiones y los intereses políticos nacionales, que han contribuido a aumentar la pugnacidad y avivar la polarización interna”, indicó.

Además, dijo que “tampoco se vislumbra un posible giro para recuperar a corto plazo la reputación académica de la institución, situación que han provocado el Ministerio de Educación y el candidato hoy ‘elegido’, con su negativa a reconocer la decisión del 21 de marzo, anteponiendo su interés personal y con el apoyo del gobierno, sobre el interés colectivo”.

A través de un comunicado enviado a este medio, el exrector Mantilla señaló que le es imposible “defender la institución de los evidentes intereses políticos o evitar ya, después de este zarpazo a la autonomía, la toma del CSU que lleva a cabo el gobierno en asocio con los consejeros”.

“Por otra parte, soy víctima de todo tipo de injurias que lanzan continuamente y sin pausa las hordas de activistas que se han empeñado en arruinar mi reputación y buscar mi desprestigio mediante improperios, temerarias calumnias, descalificaciones, infamias e injuria sobre supuesta corrupción, que además han causado daño moral a mi familia y han acabado con la tranquilidad que antes disfrutaba”, agregó.

Aprovechó la ocasión para informar que presentará su renuncia a ser representante de los exrectores ante el CSU de la Universidad Nacional. “Porque además no estoy dispuesto a seguir presenciando la falta de argumentos académicos sustituidos por una fuerza mayoritaria que arrasa las normas vigentes, he informado a los colegas exrectores que he decidido presentar mi renuncia a ser su representante ante el CSU, agradeciendo el respaldo y confianza que me han ofrecido”, indicó.

Citación engañosa

Para el profesor Torres, el proceso mediante el que se eligió a Múnera como nuevo rector de la Unal, que fue respaldado por el presidente Gustavo Petro, fue abiertamente ilegal. “Se nos citó de manera engañosa y creímos que íbamos a hablar sobre la situación de la universidad. Pero se terminó en una sesión totalmente ilícita”, dijo a EL NUEVO SIGLO.

Informó que el esquema de poderes fue cambiado en esta oportunidad, alegando que el Consejo Superior del jueves pasado no era el mismo del 21 de marzo, cuando fue escogido Peña. “Eso también es ilegal”, indicó.

“Se fue en contra de una tutela que había sido fallada y eso también es ilegal. Nosotros no podíamos permanecer ni pertenecer a dicho consejo”, dijo Torres, quien afirmó que por ello abandonaron la sesión tanto él como los profesores Verónica Botero e Ignacio Mantilla.

Destacó que hay acciones que se están adelantando para confirmar que, en efecto, hubo irregularidades en la elección de Múnera. “Seguramente la Procuraduría se va a pronunciar, ya que había efectuado advertencias sobre el proceso. Va a fallar el Consejo de Estado y muy seguramente se va a hablar del desacato a la tutela también”, destacó.

En la casa de educación superior, la más importante del país, el futuro es incierto. Entonces, supone Torres que posiblemente el proceso de elección del nuevo rector se declarará ilegal por las autoridades competentes, pero cree que Múnera, respaldado por el Gobierno y posesionado el viernes en el cargo, no acatará la decisión, propiciando que la universidad entre en una “crisis peor de la que ya está”.

Mientras tanto, el exrector de esa misma universidad en los periodos 2006-2009 y 2009-2012, Moisés Wasserman, indicó a EL NUEVO SIGLO que lo que sucedió recientemente en la Nacional es una “clarísima” vulneración al principio constitucional de autonomía universitaria.

“No podía ser más claro. En forma pública, el alto gobierno anunció previamente, quién era su candidato preferido y luego lo impuso con todo tipo de medidas, incluida la expedición de una resolución, conminando al Consejo Superior a reunirse nuevamente y nombraron a un rector diferente”, indicó.

A su juicio, lo que ocurre en la universidad es el reemplazo de un proyecto académico por uno de carácter político, lo que ha considerado como un asunto grave para el país, pues “cuando se introduce un proyecto político en la universidad, se someten todas las decisiones de programas de investigaciones, de desarrollos futuros, a los intereses personales”.

Tras la aprobación de la reforma de ley estatutaria de educación, la coalición petrista en el Senado pidió incluir la posibilidad de que los rectores de universidades públicas sean escogidos por voto popular y no por decisión del Consejo Superior Universitario.

Pero la propuesta es para el exrector Wasserman un error garrafal. “Es un error terrible. Eso se ha demostrado. Lo que sucede es que predomina la lucha por intereses grupales sobre el interés académico colectivo”, destacó.

Finalizó con que “por eso, muchas universidades que tenían un sistema parecido al que tenemos nosotros, incluso universidades latinoamericanas, después de una crisis, decidieron cambiarlo y pasar al sistema más anglosajón, que es el de comités de búsqueda y grandes consejos externos que siguen con base en las calidades de los candidatos y no en una votación”.

"Gobierno quiere politizar universidades": Valencia

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, ponente de la reforma de ley estatutaria a la educación, aseguró, sobre la situación en la Universidad Nacional, que el Gobierno está mostrando que no tiene interés ni en la calidad ni en el bienestar de los estudiantes, sino en politizar las universidades.

“Lo que ha pasado en la Universidad Nacional, donde se eligió un rector que es el profesor Peña con el lleno de los requisitos legales y que, como no le gustaba, el Gobierno desconoce la elección, es una muestra no solamente de ilegalidad, sino de profundo irrespeto por las instituciones”, cuestionó la congresista.

Destacó que “están volviendo las universidades un campo de batalla política que precisamente la Constitución del 91 procuró que no fuera así, porque lo que se trataba era de defender que las universidades fueran centros de conocimiento, de investigación, ajenas al quehacer político”.

Sobre el mecanismo de elección popular para la escogencia de rectores, Valencia advirtió que sería una terrible decisión para las universidades. “Es absolutamente inconveniente para Colombia, para las universidades. Ese fue el camino de las reformas que hicieron en Córdoba, en Argentina, que dañaron muchísimo las universidades. Colombia tiene un sistema mixto, tiene universidades de gran calidad y hay que respetar la autonomía universitaria”.