LA POLÉMICA que viene desde hace días por la escogencia de Ismael Peña en la rectoría de la Universidad Nacional se intensificó ayer después de que el Ministerio de Educación pidiera al Consejo Superior del alma mater nombrar un rector encargado mientras que se aclaran las dudas jurídicas que el propio Gobierno manifestó sobre su escogencia. Esto fue calificado por distintos sectores como una intromisión en la autonomía universitaria que se contempla en el país.

El Ministerio de Educación en la Resolución 7480 del pasado miércoles, firmada por el nuevo ministro de Educación ad hoc, Juan Correa, ordena al Consejo Superior Universitario de la Nacional, “que en el término de 24 horas contadas a partir de la comunicación de la presente decisión, convoque a sesión extraordinaria cuyo único punto del orden del día sea encargar a un rector de manera transitoria hasta tanto se adopte una decisión definitiva por parte del Consejo respecto de la conducta de autoposesión del señor Ismael Peña Reyes”.

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En dicha Resolución también el Ministerio ordena al Consejo Superior Universitario “que adopte con la mayor brevedad las decisiones necesarias para superar la vacancia de la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, y de esta manera garantizar la participación efectiva de la comunidad estudiantil”.

Agrega la citada Resolución que “una vez superada la vacancia de la representación estudiantil, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, conforme a su valoración de la conducta de autoposesión del señor Ismael Peña Reyes, determinará si procede o no mantener el encargo en la rectoría por mayor tiempo”.

Advierte que las órdenes al Consejo Superior Universitario de designar rector encargado y que haya representación del estudiantado en su seno, “se emiten bajo apremio de multas sucesivas hasta de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

Dicha Resolución recibió ayer ante Tribunal Administrativo de Cundinamarca la primera demanda, por el abogado Germán Calderón, por contravenir el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia −Autonomía Universitaria−”.

La elección

El pasado 21 de marzo el Consejo Superior Universitario designó al profesor José Peña como el nuevo rector de la Universidad Nacional para el periodo 2024-2027, quien actualmente se desempeña como vicerrector de la entidad.

Peña Reyes sucede a la profesora Dolly Montoya Castaño, quien en 2018 se convirtió en la primera mujer en ocupar el primer cargo de la Universidad Nacional. Fue reelegida en 2021 para el periodo 2021-2024.

Sobre la selección del profesor José Ismael Peña Reyes, la Universidad Nacional explicó en un comunicado que “su trayectoria, hoja de vida y su experiencia académica y administrativa fueron los parámetros para elegirlo en el cargo”.

Peña fue seleccionado dentro del grupo de cinco elegibles, entre los que también estaban los profesores Leopoldo Múnera Ruiz, Raúl Sastre Cifuentes, Juan Pablo Duque Cañas y Germán Albeiro Castaño

Sin embargo, la escogencia de Peña fue rechazada por algunos sectores del estudiantado y de profesores porque esperaban que el Consejo Superior Universitario tuviera en cuenta el resultado de una consulta previa que se hizo con docentes, estudiantes y egresados, que encabezó el profesor Leopoldo Múnera Ruiz.

Desafortunadamente, esta inconformidad la han expresado grupos de supuestos estudiantes, encapuchados, con manifestaciones de violencia en los alrededores de la Universidad Nacional, causando daños a bienes públicos y enfrentando a la policía.

La elección de Peña significó una derrota para el Gobierno que le apostó a que el ganador de dicha encuesta fuera designado rector, como lo promovieron sus tres representantes en este Consejo: la ministra de Educación, Aurora Vergara, y los dos delegados del presidente Petro.

Incluso, el día de la votación en el Consejo que determinó la escogencia de Peña, fue derrotada la propuesta de la ministra de Educación fuera por voto público y directo.

Los demás integrantes del Consejo Superior Universitario son un delegado del Consejo Nacional de Educación Superior, uno del Consejo Académico, un representante de estudiantes, uno de los profesores y un exrector de la Universidad.

Se equivocaría el Gobierno

EL NUEVO SIGLO consultó a dos exrectores de la Universidad Nacional sobre la situación que se presenta, quienes consideran que el Gobierno se equivoca al involucrarse en la designación del rector, y que por ello se estaría violando la autonomía universitaria, la cual está reconocida en la Constitución.

Coinciden también en que la salida a esta situación es que el profesor Peña pueda ejercer la rectoría y los que consideran que fue irregular su elección demanden ante el Consejo de Estado.

Moisés Wasserman Lerner dijo que: “En mi opinión es una total irregularidad, incluso es inconstitucional. No soy abogado, no soy jurista, ojalá los juristas demanden ese acto (la Resolución del Ministerio). La Constitución elevó la autonomía universitaria a nivel de principio de Constitución; y la autonomía universitaria es precisamente eso, que la universidad tiene derecho de elegir sus propias autoridades, de regirse según sus propias normas y que rechaza cualquier intromisión de los poderes políticos”.

Sobre la consulta que se hizo con los estudiantes, previa a la elección del rector, y cuyo resultado no fue tenido en cuenta, Wasserman dijo que “eso no es norma, y si se piensa que hay alguna ilegalidad, pues deben esperar a que eso lo diga alguna autoridad judicial, porque las normas administrativas se les da presunción de legalidad mientras que una autoridad judicial no diga lo contrario”.

En tanto que el exministro de Educación Jaime Arias y exrector de la Central dijo que: “Lo primero es que se está afectando la institucionalidad interna de la Universidad Nacional, que es una de las más importantes del país con cerca de 60 000 estudiantes y con una tradición de más de un siglo. Eso altera mucho el futuro de la universidad porque tiene unas normas, y las ha seguido estrictamente en el nombramiento del rector Peña”.

Agregó que “también afecta potencialmente la autonomía universitaria, no solamente de las universidades públicas, sino podría llegar también a las universidades privadas. Sobre la autonomía hay unas posiciones jurisprudenciales muy claras. La autonomía no es absoluta, hay momentos en que las universidades no pueden hacer lo que quieran, pero en general ha sido respetada. Está claramente establecida en la Constitución y también en la Ley 30. De manera que con esto el Gobierno, en un tema tan delicado, está jugando con candela”.

Arias subrayó que “esa especie encuesta no es vinculante, no hace parte de las normas de la Universidad, y el Gobierno la quiere volver vinculante”.

Finalmente reiteró “creo que el nombramiento fue correcto de acuerdo con las normas de la Universidad, pero si hay un litigio alrededor de ese nombramiento pues la salida tiene que ser el Consejo de Estado, el que va a aclarar quién tiene la razón”. 

Reacciones

Diversos comentarios despertaron la decisión del Gobierno de ordenar poner un rector en encargo en este momento.

Ascun (Asociación Colombiana de Universidades) al advertir que “defendemos principios que son fundamentales en la educación superior, como la autonomía universitaria en todas nuestras instituciones asociadas”, subrayó que “esperamos que la compleja situación que hoy enfrenta la Universidad Nacional, se supere dentro de los cauces de su gobierno universitario, sin injerencias de ningún tipo”.

Mientras que el representante a la Cámara, Andrés Forero (Centro Democrático), dijo que: “Petro viola descaradamente la autonomía universitaria y revoca arbitrariamente al rector de la Universidad Nacional para nombrar a un ‘rector de bolsillo’”.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, expresó: “Qué atropelló a la autonomía universitaria. El presidente violenta la Universidad Nacional y la Constitución, todo para politizar la universidad y obtener réditos políticos. Es una vergüenza”.

Mientras que la exsecretaria de Educación de Bogotá y profesora de esa universidad, Edna Bonilla, dijo que “la intervención del ministro ad hoc es una clara violación a la autonomía universitaria”.