La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los entonces jefe de la oficina Jurídica y Contratación, César Robledo Lemus, y secretaría de Gobierno, Seguridad y Postconflicto, Gesni Juliana Grisales Cruz, de la Alcaldía de Miraflores (Guaviare), por posibles irregularidades en un proceso de contratación de insumos para la administración municipal.

Al parecer, los investigados como evaluadores del proceso de compraventa, habrían rechazado una de las propuestas presentadas, por considerarla artificialmente baja, sin tener en cuenta la justificación ofrecida por el oferente.

En su lugar, los entonces funcionarios de la administración municipal procedieron a celebrar el contrato con el otro proponente, vulnerando al parecer, los principios de contratación.

Según el informe de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría los precios establecidos por en la invitación de la Alcaldía de Miraflores estaban muy por encima de los valores del mercado, hecho que no fue tenido en cuenta por el comité evaluador.  

Con su conducta los disciplinables habrían omitido su deber de garantizar la transparencia en la etapa precontractual y la selección objetiva del contratista. 

La falta fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa grave.