POR PRESUNTAS irregularidades en la suscripción de cuatro contratos durante la época de pandemia por covid-19, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Eduardo José González Angulo.
La Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 para la Contratación Estatal señaló que el entonces funcionario, que por su rol ejercía como ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, instruyó a la Fiduprevisora para que en su calidad de representante legal, vocera y administradora de la subcuenta para la mitigación de emergencias covid-19, gestionara los negocios jurídicos.
“El Ministerio Público sostuvo que los cuatro bilaterales habrían sido suscritos con contratistas que aparentemente no contaban con los requisitos de capacidad jurídica ni de experiencia para desarrollar las actividades que se especificaron en cada uno de ellos, ya que estaban dedicados a la venta de pólvora, actividades de construcción, la venta de licores y actividades de pesca”, manifestó el ente de control, a través de un comunicado.
Además, resaltó el incumplimiento de un contrato por más de $93.500 millones, que tenía como objeto el suministro de ventiladores para preservar la vida de pacientes internados en unidades de cuidados intensivos por estar contagiados con el virus, lo que evidenciaría una actuación irresponsable.
Además, la Procuraduría indicó que con su posible comportamiento González Angulo vulneró el principio de moralidad pública, pasando por alto el cabal cumplimiento de los deberes funcionales que tenía la obligación de cumplir, con lo que habría materializado la comisión de una falta, que de manera provisional fue calificada como grave a título de culpa gravísima.
A principio de la semana pasada también ordenó una indagación contra funcionarios por determinar de la Ungrd y la Fiduprevisora S.A. por la presunta omisión de publicaciones relacionadas con la actividad contractual del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).
La Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 para la Contratación Estatal indicó que las presuntas irregularidades se habrían evidenciado desde el pasado 18 de julio de 2022 y hasta la fecha, con lo que posiblemente se pasó por alto darle cumplimiento a la orden que sobre el particular emitió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El ente de control señaló que, según dieron a conocer medios de comunicación, las dos entidades se han adjudicado mutuamente la responsabilidad de actualizar la información en el portal indicado, para justificar de ese modo la inobservancia de un deber al que estaban obligadas.
La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.