A interrogatorio fue llamado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia el expresidente de esa Corporación, exmagistrado Camilo Tarquino, por su presunta responsabilidad en el escándalo del ‘Cartel de la Toga’.

La decisión hace parte de una de las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía por el que es considerado uno de los más graves hechos de corrupción judicial en la historia del país y en el que están involucrados los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte y el actual togado Gustavo Malo, quien acaba de ser separado de sus funciones.

El ente acusador precisó que esta citación a interrogatorio al exmagistrado Camilo Tarquino se realiza por hechos irregulares cuando ejerció como abogado.

Según reveló RCN Radio, dentro de los testigos clave de la Fiscalía aparece el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien confesó desde Miami, Estados Unidos, que en 2015 sostuvo una reunión con Tarquino en la cual este le aseguró que gracias a las actividades que supuestamente desplegaba un grupo de magistrados de la Corte, se podía solucionar a su favor todo el proceso penal que se adelantaba en su contra.

De acuerdo con Lyons, el expresidente Tarquino le habría indicado que de este grupo hacían parte exmagistrados como Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.

Según la declaración del exgobernador de Córdoba, el exmagistrado Tarquino le señaló que lo único que se requería para solucionar sus problemas era pagar una suma que ascendía a los 20 mil millones de pesos.

Lyons agregó que esta reunión se produjo en el propio apartamento del ex magistrado Camilo Tarquino y que en anteriores oportunidades ya le había entregado supuestamente a Tarquino 30 millones de pesos para que tuviera “para un café, unos almuerzos y para moverse” e iniciar así las gestiones ante los ex magistrados capaces de torcer procesos.

Por el escándalo del Cartel de la Toga otro de los principales testigos es el exfiscal Luis Gustavo Moreno, quien según lo ha reconocido, era una de las piezas clave en este engranaje de corrupción judicial que bajo la exigencia de millonarias sumas de dinero habría favorecido en la Corte Suprema y la Fiscalía a congresistas y otros aforados constitucionales.

El interrogatorio fue programado para el próximo 12 de abril ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria, reveló que se solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura, para que inicie las respectivas investigaciones contra Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y Camilo Tarquino, por el presunto cobro de dineros a cambio de favores en procesos judiciales.

De otro lado, se conoció que hoy la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes intentará agilizar el proceso en contra del magistrado Malo, en el que se tienen más de 100 pruebas.

“En el proceso se muestran más de 100 pruebas, donde al interior de la Corte Suprema de Justicia, en la sala de casación penal existía, existía una organización criminal encaminada a favorecer a aforados en proceso de única instancia”, dijo el representante investigador Edward Rodríguez a Caracol.

Dijo que tendrá que responder por los posibles delitos de concierto para delinquir, cohecho, prevaricato por omisión y la utilización de asuntos omitidos a secretos o reserva.

El procurador Fernando Carrillo había solicitado a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara adoptar una decisión dentro de la investigación que le adelanta por el escándalo del llamado ‘Cartel de la toga’.

“Nosotros hemos sido claros en lo que se venía configurando como una burla a la justicia y pensamos que hoy se ha dado un paso adelante en la recuperación de la ética, por eso queremos pedirle y exhortar a la Comisión de Acusación de Investigación de la Cámara de Representantes para que tome las medidas respectivas después de lo que sucedió hoy en la Corte Suprema de Justicia”.