La Fiscalía General de la Nación identificó a una red delincuencial a la que se le atribuye la creación de empresas de papel en Cali, Tuluá, Sevilla y Palmira (Valle del Cauca) para reportar afiliaciones fraudulentas de trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social, para acceder a subsidios y otros beneficios monetarios que ofrecía el Gobierno nacional para conjurar la emergencia económica y social por el Covid – 19

Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrito a la Delegada para las Finanzas Criminales, presentó a 11 de los presuntos integrantes de esta estructura ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de fraude a subvenciones, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.

Los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Estas personas son señaladas de simular actividades económicas en sectores como vigilancia, aseo, construcción, servicios temporales y cooperativas; e inducir a trabajadores independientes para que firmaran documentos falsos que no reflejaban su realidad laboral. En algunas oportunidades los empleados se acercaban voluntariamente para que les fueran liquidados los aportes a seguridad social a un menor valor de lo que en realidad debían cotizar.

Posteriormente, la organización acudía ante las autoridades competentes, presentaba contratos y certificaciones de nóminas fraudulentas para simular vínculos laborales, y reclamaba subsidios y beneficios fiscales. De acuerdo con los elementos materiales probatorios, por cada trabajador ficticio podría recibir entre 90.000 y 454.000 pesos. De esta manera, entre 2020 y 2021 se apropiaron de 5.000 millones de pesos de manera ilegal.